El procedimiento penal abreviado consiste en un proceso penal especial que es utilizado para agilizar la instrucción, enjuiciamiento y fallos de ciertos delitos.
Principalmente se usa para las infracciones que están castigadas con penas de prisión inferior a los 9 años u otro tipo de penas no privativas de libertad.
Se encuentra regulado en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.
¿Cuál es la finalidad del procedimiento abreviado?
Como hemos mencionado anteriormente, el cometido de este procedimiento es la resolución de aquellas infracciones castigadas con penas de prisión inferiores a 9 años u otro tipo de penas no privativas de libertad, y a su misma vez aquellas que pretenden la práctica de diligencias de investigación durante la fase de instrucción.
El objetivo principal del procedimiento penal abreviado es sobre todo el de agilizar los trámites.
Una cosa a destacar es que no se debe confundir o relacionar con el juicio rápido, ya que la gran diferencia se encuentra en que los juicios rápidos son aplicados a aquellos delitos que cuentan con una instrucción presumiblemente sencilla.
¿Qué características tiene el procedimiento penal abreviado?
Este tipo de procedimiento cuenta con una serie de características que lo diferencian del procedimiento común; estas son las siguientes:
1- Agilización del propio procedimiento: se aplican ciertos trámites y medidas que hacen que se acorten los plazos del proceso, cabe destacar algunos como:
- Solicitud de auxilio judicial al juez, autoridad o funcionario por la vía más rápida;
- Plazo máximo de suspensión del procedimiento de 30 días;
- Posibilidad de celebrar el juicio oral en ausencia del acusado cuando la pena de prisión solicitada sea inferior a dos años.
2- Refuerzo de las garantías de las víctimas y del investigado o encausado: Para velar por las garantías del investigado o encausado, el Ministerio Fiscal puede adoptar ciertas medidas cautelares, además de encargarse de la protección de los derechos de la víctima, el ofendido o perjudicado.
3- Funciones de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal: ambas tienen cierto protagonismo en esos procedimientos. El Ministerio Fiscal se encarga de acelerar la tramitación de la fase de instrucción y, a su vez, de conseguir una mayor consolidación del sistema acusatorio; por otra parte, la Policía Judicial se ocupa de realizar ciertas diligencias de investigación, así como tareas de descubrimiento y aseguramiento del cliente.
En el caso de haber condena, la pena a imponer nunca puede ser superior a la solicitada según las acusaciones.