En nuestra legislación penal existen una serie de delitos contra la libertad. Entre ellos podemos identificar dos tipos que vamos a explicar en este artículo: detención ilegal y secuestro.   Detención ilegal Según el código penal, en su Artículo 163: El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años. Esta pena disminuye si el culpable libera a la víctima en los tres primeros días y aumenta cuando le retiene más de quince días. En el caso de que la detención ilegal se realice para presentar a la persona ante la autoridad también será castigado, con una multa que puede ir de tres a seis meses.   Secuestro El segundo caso es el secuestro, o sea la: Privación de libertad ambulatoria exigiendo a cambio de su liberación el cumplimiento de alguna condición, como puede ser el pago de un rescate. (Art. 164 del Código Penal). Por norma general, se extorsiona a la familia de la víctima, a cambio de recibir (generalmente) una cantidad de dinero. Este delito es castigado con penas de seis a diez años de prisión.   ¿Cuál es la principal diferencia entre detención ilegal y secuestro?

El impago de pensiones es el incumplimiento de la obligación económica que determina un Juzgado para con el cónyuge o los hijos, tras un divorcio o una separación.  Cuando ocurre un impago de pensiones, se está incurriendo en un delito que se establece en el Código Penal como “abandono de familia”. Cuando este delito de impago de pensiones ocurre, se puede actuar por dos vías: La reclamación civil que se hace por medio de una demanda de ejecución, alegando el impago de la pensión. Esto debe hacerse ante el Juzgado que emitió la sentencia de divorcio o la sentencia de relaciones paternofiliales. La denuncia penal que se hace en el Juzgado de Instrucción de la localidad donde ha ocurrido el impago de pensión.   ¿Cuántos días me puedo retrasar sin tener problemas? El delito de impago de pensiones se encuentra estipulado en el Código Civil en el artículo 227, donde establece que si no se paga durante un período de 2 meses consecutivos o 4 meses no consecuentes (pagos fraccionados) será penado con 3 meses a un año de prisión, así como una multa de 6 a 24 meses. En líneas generales, puedes retrasarte hasta dos meses (60 días) con el impago

Si bien «amenaza» y «coacción» son términos que pueden parecerse, debemos aclarar que no son iguales.  Mientras que una amenaza se ve como una acción que se realiza con el fin de perjudicar a alguien siempre y cuando la persona en cuestión no cumpla con lo que se le exige, una coacción es una influencia impuesta de forma física, psíquica o moral con el fin que la persona realice alguna acción en contra de su voluntad. Sin embargo, ambos son delitos que atentan contra la libertad.   Diferencias entre delitos de amenazas y delitos de coacciones La principal diferencia entre amenaza y coacción es que mientras que las coacciones van en función del actuar de la víctima, las amenazas van en función de su pensamiento y sus motivaciones. Sin embargo, es destacable que los delitos de coacción se relacionan con los delitos de amenaza. Esto se debe básicamente a que las amenazas son la base para establecer la coacción, esperándose que la persona realice lo que se pide para evitar lo que se le promete al no cumplir. Las coacciones juegan con los miedos, buscan intimidad a la persona para lograr su fin.  A su vez, es necesario corroborar que las amenazas sean indicadores

Cuando hablamos de delitos empresariales nos referimos a las faltas que cometen las empresas (como persona jurídica) o las personas que actúan en nombre de la empresa (y en los que en muchos casos no todos los responsables de cometer un delito son conscientes de ello). El Código Penal plantea un catálogo cerrado de delitos generadores de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en función de la actividad o sector de la empresa donde operen. Encontramos así más de veinte tipos de delitos empresariales de los cuales los más frecuentes son: Blanqueo de capitales. Se trata del conjunto de mecanismos que usa una empresa para dar legitimidad a activos o bienes de origen delictivo. Encontraremos en nuestro código una estricta normativa que persigue este tipo de práctica derivada de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Estafas. Se trata en este caso de delitos dirigidos hacia el patrimonio y que pretenden beneficiarse económicamente a costa de una tercera persona. En la actualidad veremos estafas de inmuebles, nuevas tecnologías o medios. Delitos contra las personas. En este caso el delito va dirigido hacia una persona en concreto contra la que se atenta, poniendo en peligro su

Una de las infracciones más comunes en los juzgados es el fraude fiscal, pero veremos que dentro de este (y aunque se utilicen de forma indistinta) encontraremos aspectos diferentes que no siempre constituyen infracciones. A no ser que estemos familiarizados con ellos, es probable que confundamos fácilmente «fraude fiscal» con «indebida interpretación» ya que tienen algunos puntos de conexión. Sin embargo, no se trata de lo mismo (por lo tanto no tendrán las mismas penas) y por ello es conveniente tener claro los principales puntos que los diferencian. En este caso vamos a analizar el fraude, la elusión, la evasión fiscal y la indebida interpretación, todas ellas figuras con el elementos comunes pero en las que las diferencias son trascendentales para una sentencia. Básicamente, y a modo de resumen de lo que veremos más abajo, podremos decir que hablamos de: fraude, cuando incumplimos conscientemente una norma; evasión, cuando ocultamos  ingresos o información con el fin de pagar menos impuestos; elusión, cuando actuamos al límite de lo legal (aprovechando los vacíos legales); indebida interpretación, cuando no somos conscientes de estar infringiendo una ley o norma. Empecemos pues a ver en detalle el primero de ellos y el más grave:   El fraude fiscal

Hablamos de estafa cuando el dinero defraudado supera la cantidad de 400 euros, si es una cantidad inferior consideraremos que nos encontramos frente a un delito leve de estafa (anteriormente conocido como falta de estafa).  Desgraciadamente desde la antigüedad es uno de los delitos más comunes y, cada vez, los ladrones de guante blanco se “reinventan” (uno de los delitos de estafa más comunes en los últimos años, es el de marketing multinivel). Desgraciadamente, al igual que aumentan los medios para perseguir las estafas, también lo hacen los medios de los estafadores y su ingenio. Por eso, siguen siendo uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos.   ¿Cuáles son las estafas más comunes? Estafa piramidal O marketing multinivel, en el que se “venden” productos o servicios que le llegan al consumidor a través de una red de vendedores independientes. Esta red posee una estructura piramidal en la que un vendedor tiene otros a su cargo y así sucesivamente. Funciona porque cada producto que se venda, tanto entre la red de vendedores como a nuevos clientes, genera una retribución superior para el vendedor. Este modelo no se sostiene a través de las ventas sino a través de las

Seguramente lo hayas escuchado en las noticias, en algún programa de televisión o en alguna película: el delito de injurias (que normalmente viene asociado también al de calumnias) es uno de los más famosos. Pero lejos de quedarse en nuestras pantallas y ser algo ajeno a nosotros, es uno de los delitos con los que más trabajan los abogados penalistas. Con el avance en las tecnologías, cada vez es más fácil difundir información (lo que es una gran ventaja si esta no se difunde con mala fe). La envidia, el rencor, una ruptura, el trabajo soñado… muchos pueden ser los motivos por el que una persona decida difamar a otra para o bien aprovecharse de la pérdida de confianza al dañar la imagen del otro o bien simplemente dañar su imagen y estatus sin ningún fin especifico. En muchos casos nos creemos indefensos ante tales injurias, sobre todo si se producen por medios como las redes sociales. Afortunadamente la ley está para protegernos en todos los ámbitos.   ¿Qué es el delito de injurias? Entendemos por injuria cualquier acción u expresión que dañe la dignidad de otra persona atentando contra la propia estimación o menoscabando la fama. En esta caso

No existe una fórmula magistral para preparar el interrogatorio de un investigado o de un acusado. Cada abogado penalista tiene su forma de entrenar a su cliente. No obstante, podemos ofrecer algunos detalles básicos que se podrían considerar relevantes.  1.- Estudio de la causa en profundidad. El presupuesto esencial para comenzar a preparar un interrogatorio es conocer qué hechos se están investigando o de qué se acusa a nuestro cliente, analizando las diligencias de investigación que se han llevado a cabo, las pruebas que hay en su favor y en su contra, así como aquellas que pudieran ordenarse o practicarse después de la declaración.  El conocimiento completo y exhaustivo del proceso, y de los delitos que se investigan o se enjuician, nos ayudará no sólo para instruir al cliente sino para ayudarlo en el momento de su declaración.  2.- Intuir las potenciales preguntas.  Según vamos analizando la causa, el abogado debe pensar como instructor, fiscal, acusador y como defensa. Por ello, deben extraerse todas las posibles preguntas que se puedan efectuar al cliente durante el interrogatorio.  3.- Reuniones preparatorias. Si no hemos todavía decidido nuestra línea argumental, éste es un buen  momento para, de acuerdo con nuestro cliente, delimitar cuál

Actualidad: Algunas cuestiones sobre la detención ilegal por indebida prolongación y el Habeas Corpus (estado de alarma). Nota de Prensa publicada en Digital Sevilla.   Hemos publicado un nuevo artículo en el periódico Digital Sevilla en el que volvemos a comentar al asunto de la detención ilegal por indebida prolongación y el «Habeas Corpus» durante el estado de alarma. Y es que el plazo máximo que puede durar una detención es de 72 horas (sin perjuicio de algunas situaciones excepcionales que pueden prolongar ese término). Te dejamos el enlace a continuación.   Leer la noticia: Digital Sevilla. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

Algunas cuestiones sobre la detención ilegal por indebida prolongación y el «Habeas Corpus»: especial referencia a los delitos más comunes del estado de alarma Casi un mes después de la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma, el número de detenidos es de 4.338 (más información). Ante una cifra tan elevada no viene mal recordar, por si fuera de interés, que frente a una posible arbitrariedad de los agentes del poder público en el uso de la detención, se reconoció, en el artículo 17.4 de nuestra Constitución, la figura del “Habeas Corpus”. De origen anglosajón y con antecedentes en el Derecho español, produce la “inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente(…)”, dotando de control judicial a la detención, accesible por todo ciudadano y cuyo objetivo es la verificación de la legalidad y condiciones de esta por el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.  El plazo máximo que puede durar una detención es de 72 horas, sin perjuicio de algunas situaciones excepcionales que pueden prolongar ese término. Sin embargo, ese marco temporal de 72 horas de privación de libertad se debe limitar, según regula