El Derecho Penal se rige por algunos principios considerados generales que se conocen como “principios fundamentales” de esta doctrina, aquellos que asientan bases para que los encargados de impartir justicia, los jueces, tomen sus decisiones. Y aunque estos preceptos esenciales han ido cambiando con el paso del tiempo, amoldándose a las demandas de cada momento histórico, podríamos decir que algunos de ellos se mantienen casi inalterables con el paso del tiempo, lo que habla de lo importante que son para comprender las leyes nacionales. No es casual, de hecho, que muchos de estos principios se repitan en la mayoría de los países. Podríamos afirmar que representan los cimientos de los estados de derecho actuales, y por eso conviene conocer cuáles son, y qué argumentan cada uno en el momento de dictarse las sentencias.   Derecho Penal y sus principios 1- Principio de legalidad El principio de legalidad sostiene que ningún comportamiento puede ser considerado un delito, si previamente no ha sido así estipulado por alguna ley. Es decir, no se puede imponer una pena si anteriormente no existiese un artículo que reconociera esa conducta como violación a la ley. 2- Presunción de inocencia El principio de presunción de inocencia sostiene,

Si bien la idea de daño moral en la teoría legal existe desde hace muchísimo tiempo, en lo que supone al área penal podríamos decir que se trata más bien de un concepto novedoso, que recientemente está volviéndose relevante dentro de la valoración que debe hacer el Tribunal que atiende cada litigio en base al principio de la llamada “restitutio ad integrum” o reparación integral, de manera que la víctima debe ser resarcida por todos los daños tanto materiales como inmateriales. Como tal, se entiende por daño moral como “el precio del dolor”, una definición improvisada, pero que es aceptada mayormente por los jueces, y que consta en la jurisprudencia.  Hace referencia, por lo tanto, al menoscabo de los derechos personales y los bienes de la persona. Evidentemente, entran en juego no sólo los aspectos materiales, sino también físicos y psicológicos. Es decir, sus fundamentos no siempre son tangibles, sino que en numerosos casos pasan por el sentir de la víctima, atendiendo a su angustia, su sufrimiento, y la lesión y daño de su propia reputación. En ciertas sentencias del Tribunal Supremo se cita el concepto como el “surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima

Si de delitos relacionados con drogas se trata, es importante hacer rápidamente una diferenciación entre aquellos que tienen que ver con el tráfico de estas sustancias y los que están relacionados con la posesión para el autoconsumo, dos situaciones muy diferentes que así están recogidas en el Código Penal, y que es bueno reconocer en caso de tener dificultades con la ley.  De hecho, la simple tenencia de estupefacientes no constituye delito alguno, sino que todo depende de la cantidad que se posea, del tipo de sustancia en cuestión, de la finalidad que se persiga con ella, y otra serie de circunstancias que rodeen a la acción y que son las que, en última instancia, determinan si el acusado está cometiendo delitos, o si la acusación no lo merece. Para que todo resulte más sencillo, disponemos del Baremo del Instituto Nacional de Toxicología, un sistema de cálculos inmediatos que se realiza a partir del consumo medio establecido para un individuo en el plazo de cinco días, y que ayudará a la persona que quiere ejercer su tenencia, a mantenerse dentro de los límites aceptables, evitando por tanto cometer alguna clase de delito.   El tráfico de drogas como delito Según

Probablemente quien no esté inmerso en el mundo de la abogacía, o nunca haya tenido que acudir a un abogado en su vida, no sepa diferenciar en detalle cuáles son los límites entre aquellos que se dedican al Derecho Penal y al Derecho Civil, límites que intentamos abordar a continuación. En líneas generales, la figura del abogado en Derecho Penal es una de las más relevantes por las consecuencias que tienen los casos a los que se enfrentan, ya que disciplina la potestad punitiva (ius puniendi), es decir, regula la actividad criminal dentro de un Estado. Dicho de otro modo, un abogado penalista se encarga de trabajar en base al conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y/o medidas para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos.   Entonces, ¿en qué casos participa un abogado penalista? Discernir en qué circunstancias corresponde actuar a los abogados penalistas es fundamental para saber cuándo se puede y se debe llamarles para ponerte en sus manos como profesionales formados, no sólo por sus conocimientos, sino además por la experiencia en la materia, siendo expertos en litigios como los

El bien jurídico que se protege castigando al falso testimonio es el correcto funcionamiento de la Justicia, ya que el testimonio es una de las pruebas aportadas en los juicios necesarias a la hora de juzgar la veracidad de los hechos. Para hablar sobre el delito de falso testimonio, se debe tener en cuenta lo siguiente: Un testimonio falso puede determinar una resolución incorrecta de un juicio. Se puede perjudicar el interés de la víctima o del supuesto culpable, cuando debería protegerse, por eso el falso testimonio es tipificado en el Código Penal como un delito. Los testigos en un juicio deben prestar juramento prometiendo no faltar a la verdad (a excepción de los menores). De lo contrario estaríamos ante un delito de falso testimonio. La acusación por falso testimonio se produce si se comprueba que el testigo cometió dolo, o sea, que tuvo la intención de mentir, para favorecer o ayudar a una de las partes. No podrán ser convocadas para testificar aquellas personas que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de alguno de los sentidos que debiera usarse para prestar testimonio. Aquel testigo que, a pesar de haber prestado falso testimonio en una causa criminal, se

El plazo de prescripción de los delitos es el período más allá del cual el infractor ya no puede ser procesado, es decir, juzgado por un tribunal. El límite de tiempo varía según la infracción y el punto de partida del límite de tiempo será el día de la infracción. Sin embargo, hay excepciones. A pesar de haberse cumplido los plazos, siempre es posible poner una queja puesto que puede haber motivos que interrumpan o suspendan el periodo de prescripción.   ¿Cuándo prescriben los delitos? Cuando se habla de que un delito ha prescrito, se hace referencia a que desaparece cualquier tipo de responsabilidad penal, debido al lapso de tiempo transcurrido desde que ocurrió hasta el momento en que se inició el proceso legal. Dicho con otras palabras, se absuelve al responsable del delito de cualquier cargo y se desestima cualquier alegato legal en su contra. Sin embargo, la última reforma del Código Penal de julio de 2015, estableció una modificación en los plazos de prescripción de los delitos. Puede ocurrir que los nuevos plazos difieran de los anteriores por lo que, en ese caso, se aplicarán los más convenientes. En España, el plazo de prescripción de los delitos es de

El blanqueo de capitales consiste en ocultar, a través de una serie de procedimientos, activos de origen delictivo, con el objetivo de introducirlos en el mercado con apariencia legal. Por norma general, para poder integrar el dinero obtenido de manera ilícita en el sistema económico y financiero, se deben dar 3 fases: Fase de colocación: El objetivo es introducir el dinero negro (en efectivo) u otros bienes con origen delictivo en el sistema financiero. Fase de encubrimiento: En esta fase, se procura ocultar la procedencia de los fondos ilegales que previamente se han insertado en el sistema financiero, mediante un amplio número de transacciones financieras. Fase de integración: Se basa en usar las ganancias ilícitas en operaciones aparentemente legales. De esta manera los fondos pasan a formar parte del patrimonio del blanqueador con una explicación que lo acredite.   ¿Qué penas recoge el Código Penal para los delitos de blanqueo de capitales? El tipo básico está recogido en el artículo 301 del Código Penal, donde se tipifican los delito de blanqueo de capitales. Dichos hechos se castigan con una pena de prisión de seis meses a seis años y una multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

In dubio pro reo es un principio jurídico del Derecho Penal que implica la presunción de inocencia. Esto significa que en caso de que el Juez o el Tribunal tenga alguna duda sobre la culpabilidad del acusado, o bien considera que las pruebas son insuficientes, el acusado debe considerarse inocente. Se trata de un principio jurídico de obligado cumplimiento. Como veníamos diciendo, su aplicación práctica está basada en el principio de presunción de inocencia. La acusación particular y popular, así como el Ministerio Fiscal (o Fiscalía) tienen la responsabilidad de demostrar la culpabilidad del acusado con pruebas pertinentes y veraces. Si el Juez, una vez se hayan presentado las pruebas y haya finalizado el juicio, sigue teniendo dudas, su decisión siempre debe favorecer al acusado, por lo que tendrá que emitir una sentencia absolutoria. Su aplicación está relacionada con el principio de legalidad y el principio general de irretroactividad de la Ley Penal. El principio de legalidad implica que solo una ley previamente aprobada, puede establecer las conductas constitutivas de delito y, por lo tanto, cuáles será la sanción aplicables a las mismas. El principio de irretroactividad conlleva la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma.   Diferencias entre «in

El indulto consiste en una solicitud de libertad, realizada por un privado, con el fin de que se le remueva la pena. Está regulado por la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto (más información). Tras una sentencia firme (es decir, tras una resolución judicial que pone fin al proceso), el acusado tiene la posibilidad de pedir un indulto. Sin embargo, para llevar a cabo una petición de indulto es necesario cumplir con ciertos requisitos para que la solicitud pueda valorarse. De aprobarse, las instituciones gubernamentales correspondiente procederán a liberar al acusado de sus crímenes. Hay que tener en cuenta que se trata de un proceso legal complejo, con lo que resulta indispensable contar con la ayuda de un abogado penalista que sea capaz de orientar el acusado y ayudarle a tramitar la petición.   La solicitud o propuesta de indulto no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo el caso en que la pena impuesta fuese la de muerte, la cual no se ejecutará hasta que el Gobierno haya acusado el recibo de la solicitud o propuesta al Tribunal sentenciador. (Artículo 32, Capítulo III de la Ley de 18 de junio

Para empezar a hablar de los delitos contra el patrimonio, vamos a recordar en qué consiste exactamente un delito. «Son delito las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.» (Artículo 10 C.P.). Los delitos contra el patrimonio son aquellos que están destinados a desacreditar el activo de bienes y derechos de un particular, persona jurídica o institución pública con ánimo de lucro, ya sea propio o en beneficio de un tercero.  ¿Cuáles son los delitos contra el patrimonio más comunes? Hurto: Según el artículo 234 del Código Penal, pena todo aquel que se apropia de los bienes muebles de una persona ajena, con ánimo de lucro. Prevé una pena de prisión de seis a dieciocho meses, si lo sustraído supera la cantidad de 400 euros. Robo: Se diferencia del hurto en la manera de apropiarse de las cosas ajenas. El culpable emplea la fuerza para acceder al lugar donde están guardadas las cosas que anhela robar y puede que recurra a la violencia o a la intimidación ajena (artículo 237, CP). Estafa: Según el establecido en el artículo 248 del Código Penal, se consideran culpables de estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaran el engaño para producir error en