Algo muy común en las carreteras son los controles policiales en los que se realizan pruebas de alcoholemia o drogas, pero ¿qué sucede si te niegas a realizarlas? En el caso que un agente de la autoridad quiera realizarnos una prueba de alcoholemia, ya sea porque se presentan síntomas de conducción en estado de ebriedad o porque se haya producido un accidente de tráfico, la negativa a realizar la prueba de alcoholemia según nuestro Código Penal constituye un delito tipificado en el artículo 383 de dicho texto legal. Esto viene a significar que, si nos negamos a realizar la prueba, pueden requerirse otro tipo de pruebas que indican de forma efectiva nuestro estado, tales como: Descoordinación en los movimientos o incapacidad de mantenerse recto; Habla pastosa o titubeante; Ojos vidriosos; Desinhibición. Halitosis u olor a alcohol. Según los indicios se puede iniciar un procedimiento penal por dos motivos: a) Por un delito del artículo 379.2 del Código Penal: por conducir bajo los efectos de alcohol. b) Por un delito del artículo 383 del Código Penal; es decir, por negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia. En este último caso hay que

El procedimiento penal implica todas las actuaciones desplegadas por los juzgadores. Consiste en averiguar el delito e identificar tanto al delincuente como el grado de responsabilidad del mismo. Existen varios tipos de procedimientos penales que se llevan a cabo en España; a continuación, te los vamos a explicar.   Juicio rápido Se utiliza para la instrucción y enjuiciamientos de delitos que conlleven una pena de prisión no superior a 5 años, o de 10 años si se trata de una pena de otra naturaleza o si se da alguna de estas circunstancias: Que se trate de un delito flagrante; Que se produzca un delito con algún tipo de violencia cometida en el ámbito doméstico; Que sea un delito cuya instrucción se prevea sencilla.   Procedimiento abreviado Sus trámites se seguirán para la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delito que lleve aparejada pena de prisión no superior a 9 años, o penas de distintas naturaleza, cualquiera que sea su cuantía o duración. Puede existir una distinción, según si el juicio corresponde a la Audiencia Provincial o al Juez Penal. A la Audiencia Penal corresponden los juicios cuya pena de prisión sea superior a 5 años o superior a 10 años

Los delitos sexuales son aquellos que atentan contra la libertad, indemnidad sexual y el desarrollo sexual de cualquier persona. Estos delitos son castigados en todo el mundo y conllevan las penas más altas. Por lo general, son provocados por hombres hacia mujeres y niños/niñas, aunque también hay excepciones. Actualmente es un tema muy mediático, debido a las altas cifras de delitos de los últimos años. Delitos sexuales según el Código Penal Agresión sexual Consiste en la realización de actos que atenten contra la libertad sexual de una persona, empleando violencia o intimidación. En función de la concurrencia de determinadas circunstancias la agresión puede verse agravad. Para este delito, recogido en el Artículo 178 del Código Penal, la pena de prisión es de 1 a 5 años. El artículo 180 del Código Penal recoge los agravantes de este delito, aumentando la pena de prisión de 5 a 10 años si se llevan a cabo algunos de los siguientes actos dentro de la agresión:  actuación conjunta de dos o más personas; uso de armas u objetos peligrosos; si la víctima es vulnerable por alguna enfermedad, discapacidad u otra situación concreta. Abuso sexual A diferencia de la agresión sexual, este delito no está

Los delitos contra la seguridad vial son un tipo de conducta ilícita que pone en peligro la seguridad pública.  El Código Penal castiga esta acción porque de no respetar las normas de seguridad vial, no solo se puede poner en tela de juicio la vida del responsable, sino también de la de todos aquellos que le rodean.   Tipos de delitos de seguridad vial Todos los delitos se encuentran el Título XVII (de los Delitos contra la seguridad colectiva) del Código Penal. Más concretamente, en el Capítulo IV (de los delitos contra la seguridad vial), artículos 379 a 385 ter. Las infracciones más graves y, por desgracia, comunes son las que explicamos a continuación. En el artículo 379 del Código Penal se recogen dos tipos de conductas como delitos contra la seguridad vial: Conducir un vehículo superando la velocidad máxima permitida en 60 km/h en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas. Conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol o las drogas, rebasando el límite legal permitido. En el caso del alcohol, el límite a partir del cual se considera que el infractor está cometiendo un delito de alcoholemia es de 0,60 mg/l en aire espirado, o

Los delitos contra la vida y la integridad física están recogidos en el Título III «De las lesiones», del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En ello se explican las conductas, cuya característica principal es que afectan a la integridad corporal o a la salud física o mental de las personas. En referencia a la Ley Orgánica 10/1995, hay que especificar que, cuando se habla de salud, los delitos provocados pueden ser tanto físicos como mentales; mientras que, cuando se habla de integridad corporal se refiere solo al daño físico y el ataque que se le dirige es la mutilación o invalidez de algún órgano o miembro. Vamos a tratar de explicar las características de los delitos más comunes que se cometen contra la vida y la integridad física. Homicidio: se considera homicidio cuando el acto de matar es mediante una acción u omisión. La pena es de 10 a 15 años de prisión. Asesinato: este se castiga con una pena de prisión de 15 a 25 años. Se considera asesinado cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: alevosía; chantaje o recompensa; ensañamiento; o cuando el culpable facilita la comisión de otro delito o evita

El delito de falsedad documental es uno de esos delitos al que, a menudo, no se le atribuye la importancia que tiene. Sin embargo, es bastante más grave de lo que parece. La falsedad documental, como su propio nombre indica, radica en el hecho de alterar, modificar, simular o falsificar un documento o incluso una parte del mismo. Es decir, el presunto culpable puede convertir el documento en falso, adulterando uno de sus componentes o creando un documento nuevo que no sea ni autentico ni legitimo. En ambos caso se estaría incurriendo en un delito de falsedad documental. Este delito se regula en los artículos que van del 390 al 399 del Código Penal. Como hemos mencionado arriba, se trata de un delito muy grave que puede castigarse con pena de prisión y multas muy elevadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Código Penal establece distinciones en función del sujeto activo, por lo que cada caso será diferente. Para poder denunciar un caso como es la falsedad documental es imprescindible contar con un buen abogado penalista (si quieres consultar tu caso con nuestro bufete de abogados, puedes llamarnos o escribirnos a través del formulario que encostarás en nuestra web). También es

En nuestra legislación penal existen una serie de delitos contra la libertad. Entre ellos podemos identificar dos tipos que vamos a explicar en este artículo: detención ilegal y secuestro.   Detención ilegal Según el código penal, en su Artículo 163: El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años. Esta pena disminuye si el culpable libera a la víctima en los tres primeros días y aumenta cuando le retiene más de quince días. En el caso de que la detención ilegal se realice para presentar a la persona ante la autoridad también será castigado, con una multa que puede ir de tres a seis meses.   Secuestro El segundo caso es el secuestro, o sea la: Privación de libertad ambulatoria exigiendo a cambio de su liberación el cumplimiento de alguna condición, como puede ser el pago de un rescate. (Art. 164 del Código Penal). Por norma general, se extorsiona a la familia de la víctima, a cambio de recibir (generalmente) una cantidad de dinero. Este delito es castigado con penas de seis a diez años de prisión.   ¿Cuál es la principal diferencia entre detención ilegal y secuestro?

El impago de pensiones es el incumplimiento de la obligación económica que determina un Juzgado para con el cónyuge o los hijos, tras un divorcio o una separación.  Cuando ocurre un impago de pensiones, se está incurriendo en un delito que se establece en el Código Penal como “abandono de familia”. Cuando este delito de impago de pensiones ocurre, se puede actuar por dos vías: La reclamación civil que se hace por medio de una demanda de ejecución, alegando el impago de la pensión. Esto debe hacerse ante el Juzgado que emitió la sentencia de divorcio o la sentencia de relaciones paternofiliales. La denuncia penal que se hace en el Juzgado de Instrucción de la localidad donde ha ocurrido el impago de pensión.   ¿Cuántos días me puedo retrasar sin tener problemas? El delito de impago de pensiones se encuentra estipulado en el Código Civil en el artículo 227, donde establece que si no se paga durante un período de 2 meses consecutivos o 4 meses no consecuentes (pagos fraccionados) será penado con 3 meses a un año de prisión, así como una multa de 6 a 24 meses. En líneas generales, puedes retrasarte hasta dos meses (60 días) con el impago

Si bien «amenaza» y «coacción» son términos que pueden parecerse, debemos aclarar que no son iguales.  Mientras que una amenaza se ve como una acción que se realiza con el fin de perjudicar a alguien siempre y cuando la persona en cuestión no cumpla con lo que se le exige, una coacción es una influencia impuesta de forma física, psíquica o moral con el fin que la persona realice alguna acción en contra de su voluntad. Sin embargo, ambos son delitos que atentan contra la libertad.   Diferencias entre delitos de amenazas y delitos de coacciones La principal diferencia entre amenaza y coacción es que mientras que las coacciones van en función del actuar de la víctima, las amenazas van en función de su pensamiento y sus motivaciones. Sin embargo, es destacable que los delitos de coacción se relacionan con los delitos de amenaza. Esto se debe básicamente a que las amenazas son la base para establecer la coacción, esperándose que la persona realice lo que se pide para evitar lo que se le promete al no cumplir. Las coacciones juegan con los miedos, buscan intimidad a la persona para lograr su fin.  A su vez, es necesario corroborar que las amenazas sean indicadores

Cuando hablamos de delitos empresariales nos referimos a las faltas que cometen las empresas (como persona jurídica) o las personas que actúan en nombre de la empresa (y en los que en muchos casos no todos los responsables de cometer un delito son conscientes de ello). El Código Penal plantea un catálogo cerrado de delitos generadores de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en función de la actividad o sector de la empresa donde operen. Encontramos así más de veinte tipos de delitos empresariales de los cuales los más frecuentes son: Blanqueo de capitales. Se trata del conjunto de mecanismos que usa una empresa para dar legitimidad a activos o bienes de origen delictivo. Encontraremos en nuestro código una estricta normativa que persigue este tipo de práctica derivada de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Estafas. Se trata en este caso de delitos dirigidos hacia el patrimonio y que pretenden beneficiarse económicamente a costa de una tercera persona. En la actualidad veremos estafas de inmuebles, nuevas tecnologías o medios. Delitos contra las personas. En este caso el delito va dirigido hacia una persona en concreto contra la que se atenta, poniendo en peligro su