El bien jurídico que se protege castigando al falso testimonio es el correcto funcionamiento de la Justicia, ya que el testimonio es una de las pruebas aportadas en los juicios necesarias a la hora de juzgar la veracidad de los hechos. Para hablar sobre el delito de falso testimonio, se debe tener en cuenta lo siguiente: Un testimonio falso puede determinar una resolución incorrecta de un juicio. Se puede perjudicar el interés de la víctima o del supuesto culpable, cuando debería protegerse, por eso el falso testimonio es tipificado en el Código Penal como un delito. Los testigos en un juicio deben prestar juramento prometiendo no faltar a la verdad (a excepción de los menores). De lo contrario estaríamos ante un delito de falso testimonio. La acusación por falso testimonio se produce si se comprueba que el testigo cometió dolo, o sea, que tuvo la intención de mentir, para favorecer o ayudar a una de las partes. No podrán ser convocadas para testificar aquellas personas que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de alguno de los sentidos que debiera usarse para prestar testimonio. Aquel testigo que, a pesar de haber prestado falso testimonio en una causa criminal, se

El plazo de prescripción de los delitos es el período más allá del cual el infractor ya no puede ser procesado, es decir, juzgado por un tribunal. El límite de tiempo varía según la infracción y el punto de partida del límite de tiempo será el día de la infracción. Sin embargo, hay excepciones. A pesar de haberse cumplido los plazos, siempre es posible poner una queja puesto que puede haber motivos que interrumpan o suspendan el periodo de prescripción.   ¿Cuándo prescriben los delitos? Cuando se habla de que un delito ha prescrito, se hace referencia a que desaparece cualquier tipo de responsabilidad penal, debido al lapso de tiempo transcurrido desde que ocurrió hasta el momento en que se inició el proceso legal. Dicho con otras palabras, se absuelve al responsable del delito de cualquier cargo y se desestima cualquier alegato legal en su contra. Sin embargo, la última reforma del Código Penal de julio de 2015, estableció una modificación en los plazos de prescripción de los delitos. Puede ocurrir que los nuevos plazos difieran de los anteriores por lo que, en ese caso, se aplicarán los más convenientes. En España, el plazo de prescripción de los delitos es de

El blanqueo de capitales consiste en ocultar, a través de una serie de procedimientos, activos de origen delictivo, con el objetivo de introducirlos en el mercado con apariencia legal. Por norma general, para poder integrar el dinero obtenido de manera ilícita en el sistema económico y financiero, se deben dar 3 fases: Fase de colocación: El objetivo es introducir el dinero negro (en efectivo) u otros bienes con origen delictivo en el sistema financiero. Fase de encubrimiento: En esta fase, se procura ocultar la procedencia de los fondos ilegales que previamente se han insertado en el sistema financiero, mediante un amplio número de transacciones financieras. Fase de integración: Se basa en usar las ganancias ilícitas en operaciones aparentemente legales. De esta manera los fondos pasan a formar parte del patrimonio del blanqueador con una explicación que lo acredite.   ¿Qué penas recoge el Código Penal para los delitos de blanqueo de capitales? El tipo básico está recogido en el artículo 301 del Código Penal, donde se tipifican los delito de blanqueo de capitales. Dichos hechos se castigan con una pena de prisión de seis meses a seis años y una multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

In dubio pro reo es un principio jurídico del Derecho Penal que implica la presunción de inocencia. Esto significa que en caso de que el Juez o el Tribunal tenga alguna duda sobre la culpabilidad del acusado, o bien considera que las pruebas son insuficientes, el acusado debe considerarse inocente. Se trata de un principio jurídico de obligado cumplimiento. Como veníamos diciendo, su aplicación práctica está basada en el principio de presunción de inocencia. La acusación particular y popular, así como el Ministerio Fiscal (o Fiscalía) tienen la responsabilidad de demostrar la culpabilidad del acusado con pruebas pertinentes y veraces. Si el Juez, una vez se hayan presentado las pruebas y haya finalizado el juicio, sigue teniendo dudas, su decisión siempre debe favorecer al acusado, por lo que tendrá que emitir una sentencia absolutoria. Su aplicación está relacionada con el principio de legalidad y el principio general de irretroactividad de la Ley Penal. El principio de legalidad implica que solo una ley previamente aprobada, puede establecer las conductas constitutivas de delito y, por lo tanto, cuáles será la sanción aplicables a las mismas. El principio de irretroactividad conlleva la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma.   Diferencias entre «in

El indulto consiste en una solicitud de libertad, realizada por un privado, con el fin de que se le remueva la pena. Está regulado por la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto (más información). Tras una sentencia firme (es decir, tras una resolución judicial que pone fin al proceso), el acusado tiene la posibilidad de pedir un indulto. Sin embargo, para llevar a cabo una petición de indulto es necesario cumplir con ciertos requisitos para que la solicitud pueda valorarse. De aprobarse, las instituciones gubernamentales correspondiente procederán a liberar al acusado de sus crímenes. Hay que tener en cuenta que se trata de un proceso legal complejo, con lo que resulta indispensable contar con la ayuda de un abogado penalista que sea capaz de orientar el acusado y ayudarle a tramitar la petición.   La solicitud o propuesta de indulto no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo el caso en que la pena impuesta fuese la de muerte, la cual no se ejecutará hasta que el Gobierno haya acusado el recibo de la solicitud o propuesta al Tribunal sentenciador. (Artículo 32, Capítulo III de la Ley de 18 de junio

Para empezar a hablar de los delitos contra el patrimonio, vamos a recordar en qué consiste exactamente un delito. «Son delito las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.» (Artículo 10 C.P.). Los delitos contra el patrimonio son aquellos que están destinados a desacreditar el activo de bienes y derechos de un particular, persona jurídica o institución pública con ánimo de lucro, ya sea propio o en beneficio de un tercero.  ¿Cuáles son los delitos contra el patrimonio más comunes? Hurto: Según el artículo 234 del Código Penal, pena todo aquel que se apropia de los bienes muebles de una persona ajena, con ánimo de lucro. Prevé una pena de prisión de seis a dieciocho meses, si lo sustraído supera la cantidad de 400 euros. Robo: Se diferencia del hurto en la manera de apropiarse de las cosas ajenas. El culpable emplea la fuerza para acceder al lugar donde están guardadas las cosas que anhela robar y puede que recurra a la violencia o a la intimidación ajena (artículo 237, CP). Estafa: Según el establecido en el artículo 248 del Código Penal, se consideran culpables de estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaran el engaño para producir error en

Cuando se incurre en un delito, una de las condenas que se les pueden imponer al culpable es el pago de una indemnización por responsabilidad civil ex delicto, con el fin de reparar los daños que acompañan a la comisión del delito en cuestión. Según el artículo 109 del Código Penal:   1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.   Indemnización de perjuicios Se define «indemnización de perjuicios» la condena al pago de una cantidad de dinero que permita resarcir económicamente a la víctima (perjudicado) del daño causado por el hecho delictivo. Este concepto se encuentra recogido en el Código Penal, en su artículo 113:   La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros.   Y artículo 114 CP:   Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales

En esta entrada vamos a explicarte cuáles son los delitos contra de las relaciones familiares más comunes y en qué consisten.   Impago de prestaciones económicas La pena para este delito va desde 3 meses hasta 1 año de prisión o una multa de 6 a 24 meses. Para que pueda considerarse delito, deben darse las siguientes condiciones: Dejar de pagar de dos a cuatro meses consecutivos, cualquier tipo de prestación económica, en favor del cónyuge o de los hijos. La obligación de pago tiene que estar establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial. Por último, dicha obligación se establecerá en consecuencia de una separación legal, como pueden ser el divorcio o la nulidad matrimonial. Según el artículo 227.3 del Código Penal “la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuotas adeudadas”. El impago podría estar justificado si el sujeto carece de recursos económicos por falta de trabajo, entre otras cosas (para más información, puedes ponerte en contacto con nuestro bufete de abogados penalistas en Madrid). Si el sujeto no dispone de dinero debido a que esté llevando una vida comprometida o licenciosa, tendrá que comprobarse que no sea intencionado para no pagar la prestación económica

Se trata de una orden de cumplimiento obligatorio para todas las personas que la reciban. Este tipo de notificación es realizada por el juzgado que se encarga del proceso judicial; en ella se indican fecha y hora de la citación. Esta citación judicial puede emitirse porque a la persona citada se le acusa de un delito y debe ir a declarar ante el juzgado. Otra razón por la que pueden citarnos es por admisión a trámite de una querella o de una denuncia. La persona citada tendrá que acudir al juzgado con un procurador y un abogado penalista.   ¿Qué es una citación judicial? El destinatario de una citación judicial puede ser citado en calidad de investigado, de testigo, de querellante, de denunciante o denunciado.   Declarar cómo investigado El investigado, que tendrá que acudir al juzgado acompañado por un abogado, tendrá que realizar una declaración penal ante el Juez. Las razones por las que se le cita para acudir al juzgado pueden deberse a que: Alguien le haya denunciado; Alguien haya interpuesto una querella en su contra; Haya sido detenido anteriormente. El objetivo de la citación es que el investigado tenga la posibilidad de aclarar los hechos e ilustrar su

Actualidad: Qué pasaría si no se encuentra a Tomás Gimeno y otras preguntas sobre el ‘caso Anna y Olivia’   Os traemos nuestra aportación al caso de Ana y Olivia, las niñas de Igueste de Candelaria (Tenerife) que desaparecieron el 27 de abril de este año. Javier Reguera, abogado penalista y criminólogo, director del bufete Reguera Abogados contesta a algunas preguntas sobre el caso de las niñas, de seis y un año. En este comunicado de prensa se resolverán algunas dudas sobre el devenir del proceso: ¿qué pasaría si no se llegara a encontrar a Tomás Gimeno, padre de las niñas y presunto autor del delito? Y, ¿cuándo prescribiría el delito, tanto en el caso de considerarse asesinado como homicidio? …   Leer la noticia: El Independiente.   Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.