Cuando se incurre en un delito, una de las condenas que se les pueden imponer al culpable es el pago de una indemnización por responsabilidad civil ex delicto, con el fin de reparar los daños que acompañan a la comisión del delito en cuestión. Según el artículo 109 del Código Penal:   1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.   Indemnización de perjuicios Se define «indemnización de perjuicios» la condena al pago de una cantidad de dinero que permita resarcir económicamente a la víctima (perjudicado) del daño causado por el hecho delictivo. Este concepto se encuentra recogido en el Código Penal, en su artículo 113:   La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros.   Y artículo 114 CP:   Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales

En esta entrada vamos a explicarte cuáles son los delitos contra de las relaciones familiares más comunes y en qué consisten.   Impago de prestaciones económicas La pena para este delito va desde 3 meses hasta 1 año de prisión o una multa de 6 a 24 meses. Para que pueda considerarse delito, deben darse las siguientes condiciones: Dejar de pagar de dos a cuatro meses consecutivos, cualquier tipo de prestación económica, en favor del cónyuge o de los hijos. La obligación de pago tiene que estar establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial. Por último, dicha obligación se establecerá en consecuencia de una separación legal, como pueden ser el divorcio o la nulidad matrimonial. Según el artículo 227.3 del Código Penal “la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuotas adeudadas”. El impago podría estar justificado si el sujeto carece de recursos económicos por falta de trabajo, entre otras cosas (para más información, puedes ponerte en contacto con nuestro bufete de abogados penalistas en Madrid). Si el sujeto no dispone de dinero debido a que esté llevando una vida comprometida o licenciosa, tendrá que comprobarse que no sea intencionado para no pagar la prestación económica

Se trata de una orden de cumplimiento obligatorio para todas las personas que la reciban. Este tipo de notificación es realizada por el juzgado que se encarga del proceso judicial; en ella se indican fecha y hora de la citación. Esta citación judicial puede emitirse porque a la persona citada se le acusa de un delito y debe ir a declarar ante el juzgado. Otra razón por la que pueden citarnos es por admisión a trámite de una querella o de una denuncia. La persona citada tendrá que acudir al juzgado con un procurador y un abogado penalista.   ¿Qué es una citación judicial? El destinatario de una citación judicial puede ser citado en calidad de investigado, de testigo, de querellante, de denunciante o denunciado.   Declarar cómo investigado El investigado, que tendrá que acudir al juzgado acompañado por un abogado, tendrá que realizar una declaración penal ante el Juez. Las razones por las que se le cita para acudir al juzgado pueden deberse a que: Alguien le haya denunciado; Alguien haya interpuesto una querella en su contra; Haya sido detenido anteriormente. El objetivo de la citación es que el investigado tenga la posibilidad de aclarar los hechos e ilustrar su

Actualidad: Qué pasaría si no se encuentra a Tomás Gimeno y otras preguntas sobre el ‘caso Anna y Olivia’   Os traemos nuestra aportación al caso de Ana y Olivia, las niñas de Igueste de Candelaria (Tenerife) que desaparecieron el 27 de abril de este año. Javier Reguera, abogado penalista y criminólogo, director del bufete Reguera Abogados contesta a algunas preguntas sobre el caso de las niñas, de seis y un año. En este comunicado de prensa se resolverán algunas dudas sobre el devenir del proceso: ¿qué pasaría si no se llegara a encontrar a Tomás Gimeno, padre de las niñas y presunto autor del delito? Y, ¿cuándo prescribiría el delito, tanto en el caso de considerarse asesinado como homicidio? …   Leer la noticia: El Independiente.   Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

Para poder llegar a explicar lo que es el «dolo», es importante conocer que el Derecho Penal Español se encuentra dirigido por el principio de culpabilidad, esto quiere decir que para poder imponer una pena a algún sujeto se necesita que se le pueda culpar o responsabilizar del hecho. Este propio principio se concreta a través de diferentes formas de culpabilidad, es decir: el dolo, la culpa y la preterintención. Por lo tanto, en caso de que haya un vinculo entre la actuación del culpable y una de las formas de culpabilidad mencionadas, por norma general se impondrá pena. El artículo 5 del Código Penal dictamina que no hay pena sin dolo o imprudencia implícita. El artículo 10 hace referencia a la definición de delito, como acción u omisiones imprudentes penadas por la ley.   Por lo tanto, ¿cómo podemos definir el dolo? El dolo es la voluntad deliberada de cometer un acto sabiendo que va a ocasionar daño a otra persona. También se actúa con dolo cuando se opta por omitir una acción de forma consciente, sabiendo que al no realizarla se perjudicará a otra persona. También, puede considerarse dolo cuando se manifiesta una conducta engañosa (o dolosa), sin embargo

El procedimiento penal abreviado consiste en un proceso penal especial que es utilizado para agilizar la instrucción, enjuiciamiento y fallos de ciertos delitos. Principalmente se usa para las infracciones que están castigadas con penas de prisión inferior a los 9 años u otro tipo de penas no privativas de libertad. Se encuentra regulado en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento abreviado? Como hemos mencionado anteriormente, el cometido de este procedimiento es la resolución de aquellas infracciones castigadas con penas de prisión inferiores a 9 años u otro tipo de penas no privativas de libertad, y a su misma vez aquellas que pretenden la práctica de diligencias de investigación durante la fase de instrucción. El objetivo principal del procedimiento penal abreviado es sobre todo el de agilizar los trámites. Una cosa a destacar es que no se

El Tribunal Europeo es el encargado de emitir dictámenes contra los Estados miembros del Consejo de Europa por presuntas violaciones de los tratados europeos sobre derechos humanos. Pueden presentar denuncias tanto particulares como otros Estados miembros. En concreto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ocupa de los casos en los que el particular no ha recibido una compensación adecuada por la violación de alguno de sus derechos en los tribunales de su país o no ha podido acceder al sistema nacional de justicia. El Tribunal desempeña la función de asesor que le permite elaborar opiniones consultivas; estas pueden ser solicitadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y tratan más a fondo un artículo o un aspecto concreto del Convenio de Derechos Humanos para ayudar a interpretar su significado. Además actúa como garantía última del respeto de los derechos convencionales de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, es decir todos los Estados europeos salvo Bielorrusia, Kazajistán (o bien, su parte ubicada en Europa Oriental) y la Ciudad del Vaticano. La finalidad de este Tribunal es tutelar tanto estados como individuos que pueden presentar sus demandas ante Estrasburgo alegando que una determinada actuación estatal ha vulnerado alguno de los

La prisión preventiva se define como la breve limitación del derecho a la libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito.   ¿Quién puede adoptar la prisión preventiva en España? Puede ser adoptada por la autoridad judicial o fiscal, la policía e incluso por los ciudadanos (en ciertos supuestos). El objetivo es ponerla a disposición judicial para que se valore si optar por la prisión preventiva o, por el contrario, si se debe acordar la libertad del sospechoso.   Detención policial El artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal explica los supuestos de detención para no dar lugar a un delito de detención ilegal. La autoridad y los agentes de policía están obligado a detener: Cualquier sospechoso que se encuentre en algunos de los casos mencionados en el artículo 490 del Código Penal. A cualquier persona imputada por delito y condenada a una pena superior a la de la prisión correccional. A cualquier persona procesada por un delito, aunque se haya resulto con una pena inferior. Al que, al igual que en el punto anterior, haya cometido delitos menores aunque no se le haya procesado todavía. En este caso, la policía puede detenerle siempre que tenga un motivo

A la hora de empezar un procedimiento penal, hay que tener en cuenta que existen tres diferentes vías a la que podemos optar: denuncia, querella y procedimiento penal empezado por un juzgado instructor de oficio. Vamos a verlas a continuación.   La denuncia La denuncia se encuentra regulada en los artículos 259 a 269 dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata del acto por el que se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal. Una denuncia debe interponerse ante: los Juzgados de Instrucción; el Ministerio Fiscal; la Policía o la Guardia Civil. Todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de un delito tiene del deber de denunciarlo; es decir, debe ponerlo en conocimiento de la autoridad competente o de sus agentes. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé específicamente la obligación de presentar denuncia a los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público.   La querella Otra manera dar comienzo a un procedimiento penal es a través de la querella. La querella se encuentra regulada en los artículos 270 a 281 de la Ley de

Algo muy común en las carreteras son los controles policiales en los que se realizan pruebas de alcoholemia o drogas, pero ¿qué sucede si te niegas a realizarlas? En el caso que un agente de la autoridad quiera realizarnos una prueba de alcoholemia, ya sea porque se presentan síntomas de conducción en estado de ebriedad o porque se haya producido un accidente de tráfico, la negativa a realizar la prueba de alcoholemia según nuestro Código Penal constituye un delito tipificado en el artículo 383 de dicho texto legal. Esto viene a significar que, si nos negamos a realizar la prueba, pueden requerirse otro tipo de pruebas que indican de forma efectiva nuestro estado, tales como: Descoordinación en los movimientos o incapacidad de mantenerse recto; Habla pastosa o titubeante; Ojos vidriosos; Desinhibición. Halitosis u olor a alcohol. Según los indicios se puede iniciar un procedimiento penal por dos motivos: a) Por un delito del artículo 379.2 del Código Penal: por conducir bajo los efectos de alcohol. b) Por un delito del artículo 383 del Código Penal; es decir, por negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia. En este último caso hay que