Entre todos los aspectos de la aplicación del Código Penal, uno de los que más dudas genera es la acumulación de condenas. Este concepto, que básicamente consiste en la aplicación de los límites penales previstos en el artículo 76 del CP, está relacionado de forma íntima con la duración máxima del tiempo de la pena y las condenas producto de otros procesos penales, cuando en realidad esos delitos podrían haberse enjuiciado en un único procedimiento legal por tratarse de delitos conexos (es decir, que es imposibles de comprender uno sin el otro). En otras palabras, la acumulación de condenas como tal deberá aplicarse únicamente cuando se dirigen diferentes procedimientos por distintos delitos contra una persona, siempre que dichos delitos sean conexos. También conocida como refundición de condenas, la acumulación está regulada en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene unas características muy particulares que vale la pena conocer en detalle.   Los límites penológicos del artículo 76 del Código Penal En principio, cuando una persona es condenada en un proceso penal por cometer diversos delitos, la duración de la pena que se le impone proviene de la suma de la duración de las penas de cada

La libertad condicional es la última fase del cumplimiento de una condena, también conocida como «cuarto grado», suponiendo la salida en libertad hasta la finalización del total de la condena para el reo, siempre que no se incurra en otro delito o se incumplan las normas expuestas en cada caso.  La toma de esta decisión recae sobre el juez de vigilancia penitenciaria, y es considerada un instrumento necesario para la consecución de los fines resocializadores de la pena privativa de libertad, y por tanto debería tener la categoría de derecho subjetivo del penado, aunque legalmente se considera como un beneficio, y tras adquirirse esta condición el preso libertado en ningún momento rompe la relación con la institución penitenciaria.    ¿Cómo se ejecuta la libertad condicional hoy en día? Más allá del concepto anterior, la libertad condicional se ha transformado en un castigo menor a la reclusión en prisión. Eso no quiere decir que el individuo pueda moverse libremente, sino que debe cumplir con un régimen de semipresencialidad, horarios de firmas u otras obligaciones que serán establecidas en su momento por el juez.    Tipos de libertad condicional Libertad condicional genérica Es la libertad condicional que suele aplicarse a cualquiera que

Establecida en el artículo 184 del Código Penal, la figura del acoso sexual se define como aquella en la que alguien solicita favores de naturaleza sexual, para sí o un tercero, a cambio de algún supuesto beneficio para la víctima, ya sea un beneficio en concreto o evitar un perjuicio. Evidentemente, estas situaciones son comunes en relaciones de poder desiguales, por lo que hay que estar atentos a los indicios que podrían alertar de ellas. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que, para que una conducta como ésta pueda ser considerada un delito, tienen que darse algunas características, como que sean actos recurrentes, dentro del ámbito laboral y que den lugar a situaciones “objetivas y gravemente intimidatorias, hostiles y humillantes”; por lo que no es una acusación que pueda hacerse a la ligera, ni mucho menos. También existen agravantes, que se detallan en los incisos 2 y 3 del Código Penal, como por ejemplo que haya una “superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación”. Igualmente, “cuando la víctima sea especialmente

De acuerdo a las leyes, hay ciertos delitos que cuentan con situaciones “agravantes”. Quiere decir esto que, de producirse el delito en esas circunstancias, se agravará la pena que pesa sobre quien cometiera el hecho delictivo. Por supuesto, hay muchas clases de agravantes, así que en este caso vamos a detenernos en uno de ellos, la agravante de prevalimiento.   ¿Qué es el prevalimiento y qué supone? El prevalimiento es una agravante que puede ser genérica o bien específica para determinados delitos, y que refiere a aquellas situaciones en las que quien comete la falta, lo hace aprovechándose de la confianza, superioridad o prestigio del que goza con respecto a la víctima, posición sin la cual le hubiera sido imposible perpetrar el hecho, si así lo entiende el juzgado. Partiendo de esta posición ventajosa, el prevalimiento es un agravante por el cual el autor del hecho incurre en una modificación de las condiciones que permiten el mismo, desde simplemente facilitarlo hasta directamente permitirlo, lo que afectará la decisión del tribunal. El prevalimiento como agravante genérica El Código Penal recoge ejemplos en los que la agravante de prevalimiento podría ser genérica: Prevalerse de la confianza de la víctima (amistad); Prevalerse de

El Derecho Penal se rige por algunos principios considerados generales que se conocen como “principios fundamentales” de esta doctrina, aquellos que asientan bases para que los encargados de impartir justicia, los jueces, tomen sus decisiones. Y aunque estos preceptos esenciales han ido cambiando con el paso del tiempo, amoldándose a las demandas de cada momento histórico, podríamos decir que algunos de ellos se mantienen casi inalterables con el paso del tiempo, lo que habla de lo importante que son para comprender las leyes nacionales. No es casual, de hecho, que muchos de estos principios se repitan en la mayoría de los países. Podríamos afirmar que representan los cimientos de los estados de derecho actuales, y por eso conviene conocer cuáles son, y qué argumentan cada uno en el momento de dictarse las sentencias.   Derecho Penal y sus principios 1- Principio de legalidad El principio de legalidad sostiene que ningún comportamiento puede ser considerado un delito, si previamente no ha sido así estipulado por alguna ley. Es decir, no se puede imponer una pena si anteriormente no existiese un artículo que reconociera esa conducta como violación a la ley. 2- Presunción de inocencia El principio de presunción de inocencia sostiene,

Si bien la idea de daño moral en la teoría legal existe desde hace muchísimo tiempo, en lo que supone al área penal podríamos decir que se trata más bien de un concepto novedoso, que recientemente está volviéndose relevante dentro de la valoración que debe hacer el Tribunal que atiende cada litigio en base al principio de la llamada “restitutio ad integrum” o reparación integral, de manera que la víctima debe ser resarcida por todos los daños tanto materiales como inmateriales. Como tal, se entiende por daño moral como “el precio del dolor”, una definición improvisada, pero que es aceptada mayormente por los jueces, y que consta en la jurisprudencia.  Hace referencia, por lo tanto, al menoscabo de los derechos personales y los bienes de la persona. Evidentemente, entran en juego no sólo los aspectos materiales, sino también físicos y psicológicos. Es decir, sus fundamentos no siempre son tangibles, sino que en numerosos casos pasan por el sentir de la víctima, atendiendo a su angustia, su sufrimiento, y la lesión y daño de su propia reputación. En ciertas sentencias del Tribunal Supremo se cita el concepto como el “surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima

Si de delitos relacionados con drogas se trata, es importante hacer rápidamente una diferenciación entre aquellos que tienen que ver con el tráfico de estas sustancias y los que están relacionados con la posesión para el autoconsumo, dos situaciones muy diferentes que así están recogidas en el Código Penal, y que es bueno reconocer en caso de tener dificultades con la ley.  De hecho, la simple tenencia de estupefacientes no constituye delito alguno, sino que todo depende de la cantidad que se posea, del tipo de sustancia en cuestión, de la finalidad que se persiga con ella, y otra serie de circunstancias que rodeen a la acción y que son las que, en última instancia, determinan si el acusado está cometiendo delitos, o si la acusación no lo merece. Para que todo resulte más sencillo, disponemos del Baremo del Instituto Nacional de Toxicología, un sistema de cálculos inmediatos que se realiza a partir del consumo medio establecido para un individuo en el plazo de cinco días, y que ayudará a la persona que quiere ejercer su tenencia, a mantenerse dentro de los límites aceptables, evitando por tanto cometer alguna clase de delito.   El tráfico de drogas como delito Según

Probablemente quien no esté inmerso en el mundo de la abogacía, o nunca haya tenido que acudir a un abogado en su vida, no sepa diferenciar en detalle cuáles son los límites entre aquellos que se dedican al Derecho Penal y al Derecho Civil, límites que intentamos abordar a continuación. En líneas generales, la figura del abogado en Derecho Penal es una de las más relevantes por las consecuencias que tienen los casos a los que se enfrentan, ya que disciplina la potestad punitiva (ius puniendi), es decir, regula la actividad criminal dentro de un Estado. Dicho de otro modo, un abogado penalista se encarga de trabajar en base al conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y/o medidas para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos.   Entonces, ¿en qué casos participa un abogado penalista? Discernir en qué circunstancias corresponde actuar a los abogados penalistas es fundamental para saber cuándo se puede y se debe llamarles para ponerte en sus manos como profesionales formados, no sólo por sus conocimientos, sino además por la experiencia en la materia, siendo expertos en litigios como los

El bien jurídico que se protege castigando al falso testimonio es el correcto funcionamiento de la Justicia, ya que el testimonio es una de las pruebas aportadas en los juicios necesarias a la hora de juzgar la veracidad de los hechos. Para hablar sobre el delito de falso testimonio, se debe tener en cuenta lo siguiente: Un testimonio falso puede determinar una resolución incorrecta de un juicio. Se puede perjudicar el interés de la víctima o del supuesto culpable, cuando debería protegerse, por eso el falso testimonio es tipificado en el Código Penal como un delito. Los testigos en un juicio deben prestar juramento prometiendo no faltar a la verdad (a excepción de los menores). De lo contrario estaríamos ante un delito de falso testimonio. La acusación por falso testimonio se produce si se comprueba que el testigo cometió dolo, o sea, que tuvo la intención de mentir, para favorecer o ayudar a una de las partes. No podrán ser convocadas para testificar aquellas personas que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de alguno de los sentidos que debiera usarse para prestar testimonio. Aquel testigo que, a pesar de haber prestado falso testimonio en una causa criminal, se

El plazo de prescripción de los delitos es el período más allá del cual el infractor ya no puede ser procesado, es decir, juzgado por un tribunal. El límite de tiempo varía según la infracción y el punto de partida del límite de tiempo será el día de la infracción. Sin embargo, hay excepciones. A pesar de haberse cumplido los plazos, siempre es posible poner una queja puesto que puede haber motivos que interrumpan o suspendan el periodo de prescripción.   ¿Cuándo prescriben los delitos? Cuando se habla de que un delito ha prescrito, se hace referencia a que desaparece cualquier tipo de responsabilidad penal, debido al lapso de tiempo transcurrido desde que ocurrió hasta el momento en que se inició el proceso legal. Dicho con otras palabras, se absuelve al responsable del delito de cualquier cargo y se desestima cualquier alegato legal en su contra. Sin embargo, la última reforma del Código Penal de julio de 2015, estableció una modificación en los plazos de prescripción de los delitos. Puede ocurrir que los nuevos plazos difieran de los anteriores por lo que, en ese caso, se aplicarán los más convenientes. En España, el plazo de prescripción de los delitos es de