En esta entrada vamos a explicarte cuáles son los delitos contra de las relaciones familiares más comunes y en qué consisten.
Impago de prestaciones económicas
La pena para este delito va desde 3 meses hasta 1 año de prisión o una multa de 6 a 24 meses.
Para que pueda considerarse delito, deben darse las siguientes condiciones:
- Dejar de pagar de dos a cuatro meses consecutivos, cualquier tipo de prestación económica, en favor del cónyuge o de los hijos.
- La obligación de pago tiene que estar establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial.
- Por último, dicha obligación se establecerá en consecuencia de una separación legal, como pueden ser el divorcio o la nulidad matrimonial.
Según el artículo 227.3 del Código Penal “la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuotas adeudadas”.
El impago podría estar justificado si el sujeto carece de recursos económicos por falta de trabajo, entre otras cosas (para más información, puedes ponerte en contacto con nuestro bufete de abogados penalistas en Madrid).
Si el sujeto no dispone de dinero debido a que esté llevando una vida comprometida o licenciosa, tendrá que comprobarse que no sea intencionado para no pagar la prestación económica que le corresponda, o que no estemos ante un delito de alzamiento de bienes con el mismo fin.
Abandono de menores o incapacitados
La pena para este delito puede ir de 1 a 2 años de cárcel.
Si la persona encargada de la guarda y custodia de un menor o incapaz, incumple con su deber y lo abandona, dicho abandono se considerará definitivo, puesto que se entenderá que el culpable se despreocupa de la persona (o las personas) que esté a su cargo. Para que pueda ser indicativo de delito, ha de tratarse de menores de dieciocho años o incapacitados. El delito se considerará como tal, desde el momento en el que el sujeto activo pierda el contacto con el menor o incapaz.
Incumplimiento de la custodia
Es el delito que realiza el que, teniendo la custodia de un menor de edad o un incapaz, no le permite ver al otro progenitor o a sus padres (en caso de tratarse de un tutor legal), sin ningún tipo de justificación
Este delito está recogido en el artículo 223 del Código Penal y prevé pena de prisión desde dos hasta cuatro años e inhabilitación especial para ejercer la patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.
Sustracción de menores
Se trata del delito que realiza el progenitor que, sin causa aparente, traslada a un menor de su residencia habitual a otra, sin consentimiento de aquel que tiene su patria potestad o custodia. También se considera delito, si se retiene al menor, incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.
El delito de sustracción de menores se encuentra regulado en el artículo 225 bis del Código Penal. Al igual que el anterior delito, está castigado con pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad desde 4 hasta 10 años.