Reguera Abogados
Nuestra práctica son tus soluciones y nuestra misión es la defensa de tus intereses
Prestamos servicios en todo el territorio nacional y en la defensa letrada de procesos penales, especialmente los relacionados con asesinatos, homicidios, lesiones, delitos económicos y empresariales. Conocimiento, experiencia, capacidad de trabajo, rigor, fiabilidad, persistencia, sinceridad, persuasión y compromiso con los resultados.
Prestamos servicios en todo el territorio nacional y en la defensa letrada de procesos penales, especialmente los relacionados con asesinatos, homicidios, lesiones, delitos económicos y empresariales. Conocimiento, experiencia, capacidad de trabajo, rigor, fiabilidad, persistencia, sinceridad, persuasión y compromiso con los resultados.
La calidad es fruto de los conocimientos y de la experiencia en el campo del derecho penal. Nuestro trabajo está avalado por numerosos casos de éxito. Aquí encontrará algunos ejemplos.
Ponemos a su disposición una firma experta en derecho penal que cuenta con un equipo de abogados especializados y con Detectives, Peritos Informáticos, Calígrafos, Psiquiatras, Psicólogos, Médicos Forenses, Contables, Auditores, Criminólogos, etc., que añaden valor a nuestra dedicación y compromiso.
Una de las principales consultas que solemos recibir en nuestro despacho tiene que ver con la figura del registro domiciliario con o sin orden judicial, concepto por el que se entiende el ingreso a una morada en que viven una o muchas personas, y que podría llegar a afectar el derecho básico de inviolabilidad del domicilio. Por lo tanto, el
Estado de Alarma, Málaga. En el mes de marzo de 2020 nuestro cliente fue detenido por estar caminando por vía pública, en el periodo en las que estaba vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (estado de alarma). El letrado penalista Javier Reguera defendió en juicio que la conducta de nuestro cliente no supuso una vulneración del principio
El letrado penalista Javier Reguera ha sido contratado para la defensa de dos personas por un delito de estafa informática. Se solicita una pena de 6 años de prisión y una responsabilidad civil de más de 550.000 mil euros. El juicio oral está señalado para el mes de enero de 2023 y se celebrará en la Audiencia Provincial de Barcelona.
