Debido a la excepcional situación que vivimos y mientras dure el Estado de Alarma pueden llamar o mandar un WhatsApp al 660 26 93 35 y serán atendidos por un letrado de guardia. O bien pueden remitir todas las consultas por email info@regueraabogados.com

El secreto de empresa y su protección penal( articulo 278, 279 y 280 del Código Penal)

Sirvan estas lineas para tener unas nociones sobre el secreto de empresa y los tipos penales que lo protegen. La Sección 3ª del Capítulo XI del Código Penal regula entre los artículos 278 y 286 “los delitos relativos al mercado y a los consumidores”, describiendo en su primera parte( art. 278,279 y 280) aquellas conductas que atacan los secretos de empresa y que, por ello, indicen en la capacidad económica y en la relación con el mercado en que se desenvuelven, disminuyendo su poder competitivo. Concepto y alcance del secreto de empresa. Toda aquella información que se reserve para muy pocos, apartado del conocimiento de los demás y que se guarde en el seno de una empresa, puede verse configurado como “secreto de empresa”. Ahora bien, no todo lo que un empresario entienda que es de contenido reservado tiene per se que ser calificado como un secreto, a los efectos del tipo penal, pues esos datos, informaciones o documentos para poder configurarlos como tal deben tener una importancia suficiente para ver menoscaba la capacidad competitiva de la empresa. Artículo 278 El artículo 278 impone la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a aquel sujeto que se apodere de datos, objetos, documentos o soportes informáticos en los

Falsedad inocua

Según nuestro vocabulario la palabra falsedad se conceptúa como la falta de verdad, la falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. Desde la óptica etimológica, la voz proviene del término latino falsum que, a su vez, deriva del verbo fallere que significa engañar. Asi que, con esta aproximación, falsedad es la mutatio veritatis o mudamiento de la verdad, en la expresiva terminología de las Partidas. Obviamente, este concepto de falsedad es muy amplio, por lo que no es jurídicamente valido ya que engloba todos los supuestos de lo falso, aunque, eso sí, establece el contexto sobre el que se ha de partir. La esencia del Derecho penal estructura el mismo como una materia independiente a la hora de establecer sus presupuestos y también en el establecimiento de sus consecuencias jurídicas, que no son otras que unir la pena o medida de seguridad preceptuada a aquellos comportamientos exteriorizados con importancia penal pues, no hay que olvidar que éstos cobran relevancia en la medida en que, relacionados desvalor de la acción y de resultado, se crean lesiones o riesgos de los bienes jurídicamente protegidos. De aquí se parte para afirmar que aquellos comportamientos que por su insignificancia en

Alguna consideración sobre la figura del partícipe por título lucrativo

MADRID, 05 de DICIEMBRE de 2014 – LAWYERPRESS Por Francisco Javier Reguera Gómez, abogado penalista y socio director de Reguera Abogados Artículo 122 CP: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de la participación”. A pesar de la importancia que, desde un punto de vista práctico, tiene el partícipe por título lucrativo y la repercusión mediática de esta figura  en la actualidad como consecuencia del Auto de 26 de noviembre de 2014, dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, el artículo 122 del Código Penal no es más que una reproducción, casi exacta, del artículo 108 del anterior Código Penal(…) Continua leyendo en; http://www.lawyerpress.com/news/2014_12/0512_14_010.HTML  

Breve aproximación a una posible responsabilidad penal de algunos ejecutivos, de cajas de ahorro, por sus altas remuneraciones, pensiones, indemnizaciones, etc: posibles pasos de una investigación.

Hace algún tiempo apareció en los medios de comunicación la noticiade que elFiscal General del Estado había ordenado que se procediese a investigar las retribuciones y comportamientos de los directivos de las cajas de ahorro de Castilla y León. Del contenido de las informaciones publicadas se desprende que la investigación dela Fiscalía versará sobre una serie de prácticas, presuntamente irregulares, de algunos ejecutivos de entidades de ahorro, obteniendo créditos de escasa solvencia o en condiciones más ventajosas, o reconociéndose indemnizaciones o prejubilaciones en cuantías o condiciones que exceden de las que son aceptables según criterios de mercado, y ello en perjuicio de los intereses de la entidad y de terceros. De las conductas anteriores, merece especial atención, tal vez, por la extraordinaria difusión mediática del que han sido objeto, las indemnizaciones, pensiones o prejubilaciones que han percibido algunos directivos de determinadas cajas de ahorros. Obviamente, faltan datos para poder entrar a valorar cada caso concreto; sin embargo, sí se puede, en mi opinión, analizar algún aspecto nuclear que indicaría que la concesión y la obtención de esas altísimas gratificaciones pudieran ser, o no, hechos que merezcan la apertura de un proceso judicial. En principio, las anteriores conductas podrían ser objeto de

¿Política criminal a golpe de telediario?: ¿Es necesaria la enésima reforma del Código Penal?.

            La pasada semana un compañero invitaba a una serie de letrados a dar su opinión sobre la intención del Ministerio del Interior, con el apoyo del Ministerio de Justicia, de instar una nueva y enésima reforma del vigente Código Penal con el objetivo de poner freno a determinadas conductas de violencia callejera.              Según parece, el origen de abrir un debate sobre dicha modificación tiene su razón de ser en un reciente aumento de actos vandálicos sucedidos en torno a eventos relacionados con el derecho de huelga, el derecho de reunión o manifestación y la libertad de expresión.            Baste decir, previamente, que una política criminal desarrollada a golpe de telediario no es acorde con la ineludible reflexión que debe conllevar una alteración del Código Penal, más si cabe, cuando la finalidad de la misma es el aumento de determinadas penas o la introducción de nuevos tipos penales. Tal vez, sería necesario recordar a los responsables de la iniciativa que no se olviden del valor histórico del principio de intervención mínima.- última ratio.-, que sirve como límite a una ampliación innecesaria del Código Penal.            En este sentido, el legislador debería prestar atención al tipo recogido en el artículo

Breve comentario a la STS 79/2012: Caso Garzón

.-Se deduce de la Sentencia que el Sr. Garzón acordó la escucha y grabación de las comunicaciones entre los imputados presos y sus abogados defensores, sin que existiera dato alguno que apuntase que los letrados estuviesen aprovechándose de los privilegios del derecho de defensa para cometer nuevos delitos-. Si queremos que el proceso penal español sea justo hay que dotar a la defensa de unas mínimas prerrogativas para poder estar en igualdad de condiciones con el propio Estado.- órgano jurisdiccional y con el Ministerio Fiscal.-, y así poder debatir sobre si la conducta del imputado es constitutiva de delito y si merece reproche penal. En otras palabras, ¿Existiría igualdad de armas si los propios Jueces y/o Magistrados que tutelan el proceso utilizaran sus potestades jurisdiccionales.- acordar escuchas.(..)- para tener conocimiento de las conversaciones entre los imputados y sus abogados y vulnerar su privacidad?. Obviamente no, y ello porque la confidencialidad de las relaciones entre el imputado y su letrado defensor, que naturalmente han de estar presididas por la confianza, resulta un elemento esencial y un privilegio necesario y así se reconoce por las más altas instancia nacionales e internacionales, diciendo, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Breve Consideración Sobre el llamado «Juicio Paralelo en el Proceso Penal»

Durante los últimos tiempos la sociedad española se está encontrando cada mañana con informaciones de carácter judicial, relativas, principalmente, al contenido de la práctica de algunas diligencias sumariales en  diversos procesos penales, que se han convertido en mediáticos, y que se encuentran en plena fase de instrucción o, en algunos casos, en los inicios de la misma. El proceso penal español se caracteriza por su forma eminentemente oral, bajo el principio de publicidad de los debates y de las actuaciones judiciales; ahora bien, no en todas las fases del proceso, sino que, la mencionada publicidad se centra y debe ser utilizada, según la jurisprudencia, con el objetivo de garantizar la imparcialidad del órgano juzgador, por lo que, la fase que debe ser pública es el juicio oral, salvo las excepciones legalmente establecidas de las sesiones a puerta cerrada por razones de moralidad o de orden público. La fase de instrucción del proceso penal, al contrario de lo que sucede en el período de enjuiciamiento, se rige por el principio del secreto de lo actuado, pues el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es claro en este sentido, imponiendo una multa, aunque sea de escasa cuantía, a los Abogados,

Contacta con el despacho Te podemos ayudar con cualquier consulta al instante
Contacto