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Absolución por delito de atentado

Absolución por delito de atentado

Se solicitaba por el Ministerio Fiscal la imposición de una pena de 4 años de prisión y se consiguió la absolución de nuestro defendido en relación con un delito de atentado. Como se puede observar del contenido de la sentencia hicimos ver al Magistrado-Juez  que nuestro cliente tenía razón. Para ello fue importante efectuar un incisivo interrogatorio a los agentes de policía y poner de manifiesto que no existía prueba objetiva alguna de que fuera nuestro representado el que condujese el vehículo. Además, nos preocupamos en visitar días antes del juicio la calle donde supuestamente se produjeron los hechos y observamos que la vía era de un sólo sentido, no muy grande. Por consiguiente, no existía otra opción para abandonar el lugar. De ahí que se recoja en la sentencia la duda » de que la verdadera intención del conductor fuera no tanto la de huir del control como la de atropellar al agente». En resumen, él no fue pero aunque hubiera sido no hubiera cometido el delito de atentado. 

07.01.2020 Sentencia Absolutoria Atentado

Artículo 550 del Código Penal:

«1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.»

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