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Absolución del delito de desobediencia grave

delito de desobediencia grave

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Absolución del delito de desobediencia grave

Estado de Alarma, Málaga.

En el mes de marzo de 2020 nuestro cliente fue detenido por estar caminando por vía pública, en el periodo en las que estaba vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (estado de alarma).

El letrado penalista Javier Reguera defendió en juicio que la conducta de nuestro cliente no supuso una vulneración del principio de autoridad que los agentes representan; que no alcanzaba la gravedad suficiente para la intervención del Derecho Penal y que, como consecuencia del dictado de la Sentencia 148/2021 por parte del Excmo. Tribunal Constitucional, no debía contemplarse la comisión de un delito de desobediencia con base en una disposición legal que se había declarado nula, vulnerándose -en caso de condena- el Derecho a la Legalidad Penal (art. 25.1 C.E). 

Tras lo anterior el Juzgado de lo Penal de Málaga acordó absolver a nuestro defendido, sin que el Ministerio Fiscal haya recurrido la sentencia.  

Muchos ciudadanos, por desgracia, fueron condenados -la mayoría por conformidad- por este mismo delito de desobediencia en el periodo que estuvo vigente el Estado de Alarma. Si usted está en ese caso puede consultarnos y analizaremos su situación.

Delito de lesiones: nulidad de la sentencia por vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva

derecho penal

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Delito de lesiones: nulidad de la sentencia por vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva

El abogado penalista Javier Reguera formuló recurso de apelación contra una sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 4 de Getafe, por vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva. El Juzgador había dictado una sentencia en la que omitió la confrontación de pruebas (testigos), se prescindió de valorar algunos testigos que depusieron en el acto del juicio, se obviaron explicaciones sobres aspectos claves y se incluyeron conclusiones que no se detectaron en las declaraciones e informes periciales. 

En resumen, la sentencia adolecía de graves defectos que justificaban su anulación. 

Como consecuencia del recurso, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia estimando “el recurso de apelación interpuesto (…)” debiendo “declarar la nulidad de la sentencia dictada, ordenando la devolución de la causa al Juzgado de lo Penal, para que por el mismo Juez se dicte nueva sentencia valorando la prueba testifical y pericial (…)”. 

Delito de Lesiones: nulidad del juicio y de la sentencia

delito de lesiones

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Delito de Lesiones: nulidad del juicio y de la sentencia

La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia que acordó la nulidad del juicio oral y de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 34 de Madrid, en un proceso seguido por un delito de lesiones y tras presentar recurso de apelación el letrado penalista Javier Reguera.

El motivo para decretar la nulidad de lo actuado fue la indefensión material que el recurrente sufría al haberse grabado el juicio de forma incorrecta.

Delito contra la seguridad vial y alcoholemia

abogado penalista

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Delito contra la seguridad vial y alcoholemia

Delito contra la seguridad vial (379.2 Código Penal). Alcoholemia. Fiabilidad del Etilómetro. Absolución. Madrid.

 

Nuestro cliente no quería llegar a un acuerdo con la Fiscalía, reconocer los hechos y ver rebajada la posible pena en un tercio (juicio rápido con conformidad). Ante la anterior orden, que no suele ser habitual en estos casos, buscamos la fórmula para conseguir la absolución por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en relación al tipo del artículo 379.2 del Código Penal (conducir superando la tasa de 0,60 mg de alcohol por litro de aire espirado), y lo conseguimos. 

Existía en la causa, como en casi todas, un CERTIFICADO DE CONFORMIDAD en relación a la VERIFICACIÓN DEL ETILÓMETRO. Sin embargo, en este caso, no constaba la fecha en la que se verificó su calibración, ni el ensayo, ni la fecha de caducidad y tampoco el periodo de vigencia. 

Por tanto, tal y como expuso el abogado penalista Javier Reguera en el acto del juicio, el resultado de la prueba del etilómetro no podía ser valorado como prueba de cargo debido a la ausencia de fiabilidad sobre su funcionamiento y a la falta de seguridad sobre una adecuada medición del nivel de concentración alcohólica. Se recordó que la calibración periódica del aparato es una garantía para el ciudadano en cuanto permite objetivar con fiabilidad aquellos casos de ausencia de niveles relevantes de alcohol. 

Lo anterior, unido al testimonio de dos testigos, tuvo como resultado el dictado de una sentencia absolutoria.

En los casos penales, la experiencia, el estudio y la preparación del abogado es crucial.

Delito de maltrato y de amenazas

abogado especialista en derecho penal

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Delito de maltrato y de amenazas

Delito de maltrato (art 153.1 y 3 C.P.) y de amenazas (art. 171.4 y 5 C.P.). Absolución. Alcalá de Henares. 

 

Cliente que nos llama a las 23 horas de un día cualquiera. Está detenido en una comisaría. Lo asistimos ese día. Pasa a disposición judicial y lo defendemos y asesoramos. Preguntamos, junto con el Juez y el Fiscal, a quién interpuso la denuncia. Aparecen las primeras contradicciones. Los testigos no presenciaron nada. El Instructor lo pone en libertad. El Ministerio Fiscal presenta escrito de acusación por los delitos de maltrato y amenazas en el ámbito familiar y nosotros escrito de defensa (o de conclusiones provisionales). Vamos a juicio y en el mismo ponemos de manifiesto las contradicciones relevantes del testimonio del denunciante. Concluye el juicio. Resultado: absolución. 

Contar con un abogado especializado en Derecho Penal desde el momento de la detención es muy importante. A los hechos y al resultado nos remitimos. 

Administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil

derecho penal

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Administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil

Trazar una buena estrategia de defensa da sus frutos. Archivo y sobreseimiento. Administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Socios se querellan contra administradores de una empresa.

 

En diciembre de 2017 se formuló querella por unos socios minoritarios contra los administradores y socios mayoritarios de una empresa. En la misma se detallaban supuestas irregularidades contables de cinco ejercicios anteriores y se denunciaba que se habían aprobado las cuentas sin intervención de los socios querellantes en la junta universal. 

Se imputaban los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Según la querella, la cuantía del proceso era alta y la posible responsabilidad también

Nuestros clientes contactaron con nosotros una vez recibida la querella, trazamos una estrategia de defensa y comenzamos a trabajar con el objetivo de demostrar que los hechos no eran constitutivos de delito. 

A lo largo de la instrucción se tomó declaración a los administradores, asesores contables, auditores de cuentas y a otros testigos, trabajadores internos y colaboradores externos de la mercantil. 

En el mes de noviembre de 2019 se dictó auto por el Instructor que declaraba que el proceso debía seguir su curso dado que existían indicios de la comisión de un delito de administración desleal. La pena de banquillo estaba cerca para nuestros clientes. Sólo quedaba trabajar en un recurso que la Audiencia Provincial de Madrid estimara y archivara el proceso.  

Elaboramos y presentamos el recurso por considerar que los hechos no eran, ni podían ser constitutivos de infracción delictiva. La acusación, por su parte, impugnó el auto por no haber incluido el delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. 

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid en Auto 767/2020 revocó el auto por carecer de motivación en cuanto a las cuestiones planteadas por la acusación particular. Asimismo, en relación a nuestro recurso, se dictó otro auto 768/2020 por la misma sección que señalaba que

 

los recurrentes llevan razón y el auto debe ser revocado. Si bien, de ser sólo ellos los recurrentes podría acordarse el sobreseimiento interesado, pero, dado que también se estimará el recurso de la acusación particular, que no ha visto mínimamente razonado el rechazo de alguna de sus pretensiones, la conclusión es que deberá dejarse sin efecto la decisión de trasformar las diligencias en procedimiento abreviado, para que nuevamente, de forma más detallada y motivada la jueza instructora pueda, con libertad de criterio establecer la determinación objetiva y subjetiva que debe abarcar el procedimiento, o el archivo respecto de todos o alguno de los hechos imputados.

 

En resumen, nuestro recurso se alegaba lo siguiente:

 

Sostiene el recurso que con respecto a la imputación que se dirige contra sus representados en lo referente al delito administración desleal, ésta cae dentro del ámbito de la casi imaginaria sospecha y conjetura, que no cuenta ni con apoyo probatorio directo, ni tan siquiera con algún indicio racional de criminalidad. Entienden los recurrentes que no se ha practicado diligencia alguna que ponga de manifiesto un exceso en el ejercicio de las facultades de administración, que los informes periciales han dejado claro que no habían existido desvíos de fondos injustificados a terceros, ni a los propios administradores, y, en consecuencia, interesan que se acuerde el archivo, dado que los hechos no son, ni pueden ser, constitutivos de delito.

 

En este contexto, donde la Audiencia Provincial de Madrid nos daba relativamente la razón, se devolvió la causa al Juzgado de Instrucción para que dictara nueva resolución con libertad de criterio. 

Así las cosas, tres años después de iniciarse el procedimiento, el Instructor dictó otra resolución – cumpliendo con lo ordenado por el órgano superior – y acordó el archivo y sobreseimiento provisional de las actuaciones, motivando el auto con los argumentos que expusimos en nuestro recurso. La acusación recurrió y la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, en Auto 383/2021, lo desestimó. Por tanto, nuestro objetivo se había cumplido: ni delito, ni juicio.

Consumo compartido y absolución del delito de tráfico de drogas

delito de trafico de drogas

delito de trafico de drogas

Consumo compartido y absolución del delito de tráfico de drogas

Nuestro cliente estaba acusado de un delito de tráfico de drogas y en el juicio Javier Reguera demostró, al contrario de lo que manifestaron los agentes de policia que prestaron declaración, que la sustancia intervenida no estaba destinado al tráfico sino al consumo compartido.

Para llegar a la absolución necesitábamos corroborar la versión de nuestro cliente y se hizo analizando la cantidad de droga compatible con el consumo compartido, su mínimo valor en el mercado, la falta del principio activo en el informe de toxicología, algunas manifestaciones de los agentes con respecto a las personas que estaban con él y el hecho de haber pedido, cuando fue detenido, el análisis de orina y que detectó la misma sustancia en su cuerpo. Todo ello indicaba la verosimilitud del consumo compartido. 

El resultado fue el deseado. Sentencia absolutoria.  

La prisión a la vuelta de la esquina: delito de alzamiento de bienes y absolución

delito de alzamiento de bienes

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La prisión a la vuelta de la esquina: delito de alzamiento de bienes y absolución

Nuestro cliente tenía antecedentes penales. Por tanto, si resultaba condenado podría ingresar en prisión. Nuestra misión era luchar la absolución. Lo conseguimos. Este es un resumen de la historia. 

Nos llama nuestro cliente comunicándonos que tiene juicio oral en dos meses por un delito de alzamiento de bienes. No habíamos participado en la instrucción. Cerramos el acuerdo con el cliente. Fuimos con urgencia al Juzgado, obtuvimos copia de la causa y comenzamos a prepara el juicio. 

Los hechos que se debatirían en el juicio eran claros. Se acusaba a nuestro cliente de haber hecho desaparecer dinero de unas cuentas bancarias dificultando o haciendo imposible el cobro de una deuda en proceso de ejecución civil.

Nuestra estrategia era sencilla. Aplicar la jurisprudencia y la doctrina del delito al caso concreto. No era una cuestión de prueba personal sino documental. Llegamos a juicio con Javier Reguera Gómez como abogado penalista principal y pusimos de manifiesto, entre otras cuestiones, que no eran los únicos bienes que tenía el acusado y que la acusación no había pedido el embargo de aquellos que tenía a su alcance. No se embargó su nómina, ni una vivienda que poseía libre de cargas. Es decir, existían bienes suficientes para cobrar la deuda y no se ocultaron bienes para impedir o dificultar el pago de lo que debía.  

Trabajo hecho. Sentencia absolutoria. 

«Como dice la defensa […]». Absolución de tres clientes de los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y apropiación indebida. Caso ganado en Valencia

abogados penalistas madrid

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«Como dice la defensa […]». Absolución de tres clientes de los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y apropiación indebida. Caso ganado en Valencia

Una vez firme la sentencia, publicamos esta nota con el orgullo del trabajo bien hecho y que se refleja en la resolución cuando el propio juzgador hace referencia, en varias ocasiones, a esa frase tan querida por los abogados penalistas defensores como Francisco Javier Reguera Gómez, letrado director del proceso: “como dice la defensa […]”. 

En resumen, tras ser condenada en costas la empresa de los acusados, la acusación particular formuló querella en 2014 contra nuestros defendidos por los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, apropiación indebida y estafa procesal. 

A lo largo de la instrucción, que se alargó en el tiempo excesivamente, desapareció el delito de estafa procesal y se llegó a juicio con los restantes delitos, eliminándose en conclusiones definitivas el delito de insolvencia punible, tal y como planteó Francisco Javier Reguera Gómez en cuestiones previas. La razón era sencilla, el delito de insolvencia punible, en la modalidad imputada, no fue introducido en el Código Penal hasta la LO 1/15 y, por tanto, los hechos anteriores a dicha reforma del Código Penal -incluidos en el acta de acusación- eran atípicos. 

De esta forma, el juzgador solo se tenía que pronunciar sobre el delito de alzamiento de bienes y el de apropiación indebida. Así fue y nos dio la razón:

a) Sobre el alzamiento de bienes:

 “como han indicado las defensas, antes de que se produzca un acto que pueda ser reputado como alzamiento de bienes ha de existir una deuda, lo que no ocurrió en el este caso”. 

b) Sobre el delito de apropiación indebida:

por último y coincidiendo con las alegaciones de la defensa de A, B y C nuestros clientes- la calificación de apropiación indebida planteada por la acusación particular no parece acertada por cuanto, en su caso, se trataría de un crédito que conserva D frente C y cuya reclamación compete a esta o a los acreedores de esta pero a través de los procedimiento civiles oportunos, sin que pueda considerarse que se haya apropiado o haya distraído un dinero que, por lo demás, tampoco recibió en depósito, comisión o administración o título similar […].”

En conclusión, el órgano enjuiciador, con sede en Valencia, declaró la absolución de nuestros clientes “con toda clase de pronunciamiento favorables”. 

Indemnización por prisión preventiva con sentencia absolutoria

prision preventiva

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Indemnización por prisión preventiva con sentencia absolutoria

El 5 de marzo de 2018 se dictó Sentencia por la Ilma. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordó absolver a nuestro cliente de un delito contra la salud pública – tráfico de drogas (de sustancia que causa grave daño a la salud), agravado por notoria importancia, organización criminal y jefatura. La acusación solicitaba la pena de catorce años de prisión y multa de veinte millones de euros.

Como consecuencia del inicio del proceso se acordó el ingreso en prisión preventiva de nuestro cliente y estuvo 196 días privado de libertad.

En la fase de instrucción se intervinieron teléfonos y se acordaron seguimientos, entradas y registros en domicilios, etc., y no se encontró ni un solo ápice de sospecha que pudiera vincular la actividad de nuestro cliente con el mundo del narcotráfico a gran escala.

Una vez que conseguimos la libertad de nuestro representado tuvo que efectuar 49 comparecencias ante el Juzgado más cercano a su domicilio entre los años 2014 y 2018.

Paralelamente se inició un procedimiento de extradición en el que se reclamaba por parte de las autoridades de un país la entrega de nuestro defendido para ser enjuiciado. Conseguimos que se denegase la extradición.

Tras lo anterior, y una vez absuelto, hemos solicitado una indemnización al Ministerio de Justicia de más de 90.000 mil euros por el daño causado. Por desgracia, será largo el proceso de reclamación y no debería ser así.

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