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«Como dice la defensa […]». Absolución de tres clientes de los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y apropiación indebida. Caso ganado en Valencia

abogados penalistas madrid

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«Como dice la defensa […]». Absolución de tres clientes de los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y apropiación indebida. Caso ganado en Valencia

Una vez firme la sentencia, publicamos esta nota con el orgullo del trabajo bien hecho y que se refleja en la resolución cuando el propio juzgador hace referencia, en varias ocasiones, a esa frase tan querida por los abogados penalistas defensores como Francisco Javier Reguera Gómez, letrado director del proceso: “como dice la defensa […]”. 

En resumen, tras ser condenada en costas la empresa de los acusados, la acusación particular formuló querella en 2014 contra nuestros defendidos por los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, apropiación indebida y estafa procesal. 

A lo largo de la instrucción, que se alargó en el tiempo excesivamente, desapareció el delito de estafa procesal y se llegó a juicio con los restantes delitos, eliminándose en conclusiones definitivas el delito de insolvencia punible, tal y como planteó Francisco Javier Reguera Gómez en cuestiones previas. La razón era sencilla, el delito de insolvencia punible, en la modalidad imputada, no fue introducido en el Código Penal hasta la LO 1/15 y, por tanto, los hechos anteriores a dicha reforma del Código Penal -incluidos en el acta de acusación- eran atípicos. 

De esta forma, el juzgador solo se tenía que pronunciar sobre el delito de alzamiento de bienes y el de apropiación indebida. Así fue y nos dio la razón:

a) Sobre el alzamiento de bienes:

 “como han indicado las defensas, antes de que se produzca un acto que pueda ser reputado como alzamiento de bienes ha de existir una deuda, lo que no ocurrió en el este caso”. 

b) Sobre el delito de apropiación indebida:

por último y coincidiendo con las alegaciones de la defensa de A, B y C nuestros clientes- la calificación de apropiación indebida planteada por la acusación particular no parece acertada por cuanto, en su caso, se trataría de un crédito que conserva D frente C y cuya reclamación compete a esta o a los acreedores de esta pero a través de los procedimiento civiles oportunos, sin que pueda considerarse que se haya apropiado o haya distraído un dinero que, por lo demás, tampoco recibió en depósito, comisión o administración o título similar […].”

En conclusión, el órgano enjuiciador, con sede en Valencia, declaró la absolución de nuestros clientes “con toda clase de pronunciamiento favorables”. 

Indemnización por prisión preventiva con sentencia absolutoria

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Indemnización por prisión preventiva con sentencia absolutoria

El 5 de marzo de 2018 se dictó Sentencia por la Ilma. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordó absolver a nuestro cliente de un delito contra la salud pública – tráfico de drogas (de sustancia que causa grave daño a la salud), agravado por notoria importancia, organización criminal y jefatura. La acusación solicitaba la pena de catorce años de prisión y multa de veinte millones de euros.

Como consecuencia del inicio del proceso se acordó el ingreso en prisión preventiva de nuestro cliente y estuvo 196 días privado de libertad.

En la fase de instrucción se intervinieron teléfonos y se acordaron seguimientos, entradas y registros en domicilios, etc., y no se encontró ni un solo ápice de sospecha que pudiera vincular la actividad de nuestro cliente con el mundo del narcotráfico a gran escala.

Una vez que conseguimos la libertad de nuestro representado tuvo que efectuar 49 comparecencias ante el Juzgado más cercano a su domicilio entre los años 2014 y 2018.

Paralelamente se inició un procedimiento de extradición en el que se reclamaba por parte de las autoridades de un país la entrega de nuestro defendido para ser enjuiciado. Conseguimos que se denegase la extradición.

Tras lo anterior, y una vez absuelto, hemos solicitado una indemnización al Ministerio de Justicia de más de 90.000 mil euros por el daño causado. Por desgracia, será largo el proceso de reclamación y no debería ser así.

Malversación, fraude, prevaricación y falsedad

fraude fiscal en españa

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Malversación, fraude, prevaricación y falsedad

Mas de 40 imputados. Archivo y sobreseimiento del proceso para nuestro cliente. Caso ganado.

 

Se interpuso querella por un particular contra diversos cargos públicos en el año 2015. En el curso del proceso fue citado como investigado nuestro cliente. Estudiamos la abundante documentación de la causa (más de 25 tomos), preparamos la declaración y salió redonda.

 

Después de solicitar el sobreseimiento en diversas ocasiones -sin respuesta judicial- el instructor lo acordó cuatro años después de comenzar la investigación. Conseguimos el resultado pretendido. Ni hechos, ni delitos, ni juicio.

 

* Clic aquí para más información.

Caso ganado: homicidio imprudente y delito contra los derechos de los trabajadores

homicidio imprudente

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Caso ganado: homicidio imprudente y delito contra los derechos de los trabajadores

Homicidio imprudente y delito contra los derechos de los trabajadores. Estimación de recurso de apelación. Sobreseimiento. Caso ganado.

 

Un operario -trabajador- fallece como consecuencia de un accidente en un vehículo propiedad del quién lo contrato y cuando estaba prestando servicios para este. Se salió de la vía produciéndose el despeñamiento del vehículo. Se investigaba la falta de formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, así como que el vehículo carecía de cinturón de seguridad. 

Se dictó auto de transformación por el Juzgado de Instrucción que recurrimos y la Audiencia Provincial de Segovia, mediante Auto 272/2020, de fecha 17 de noviembre, procedió a estimar el mismo íntegramente, acordando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. 

Nuestro cliente quedó satisfecho dado que no tuvo que sentarse en el banquillo. Confió en nuestro bufete de abogados penalistas en Madrid y no lo defraudamos. 

Veni, vidi, vici

abogados especialistas en derecho penal

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Veni, vidi, vici

“VENI, VIDI, VICI”

( Vine, vi y vencí) 

Julio Cesar.

 

El 20 de octubre de 2020 se nos contrata para la defensa de una persona por un presunto delito de abuso sexual. Obtenemos copia de la causa, la estudiamos, preparamos la declaración judicial, se celebra y dos días después se dicta auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Los hechos no son constitutivos de delito y así se lo hicimos ver al instruct@r. El cliente puede seguir con su vida, sin tener la carga de un proceso penal sobre sus espaldas. En menos de quince días solucionamos el problema. 

 

Contratar abogados especialistas en derecho penal marca la diferencia. 

Sobreseimiento y archivo de una causa por delito de quebrantamiento de orden de protección (nuestro cliente gana)

delito de quebrantamiento

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Sobreseimiento y archivo de una causa por delito de quebrantamiento de orden de protección (nuestro cliente gana)

Formulamos recurso de reforma, en defensa de los intereses de nuestro cliente, contra el Auto de Transformación y en el mismo exponíamos que los hechos investigados, incluso según lo entendía la fiscalía, no podrían ser constitutivos de delito penal. 

Y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, mediante un auto de hace unos días, acogió íntegramente nuestros motivos y acordó el sobreseimiento libre de la causa. 

Nuestro cliente, salvo recurso de la fiscalía, tiene un pie y medio fuera del proceso. 

Estimación de recurso de amparo por el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho por libertad de expresión

demanda de amparo

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Estimación de recurso de amparo por el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho por libertad de expresión

El pasado día 9 de marzo se publicó en el BOE la sentencia del Tribunal Constitucional con nº 18/2020, de fecha 10 de febrero, que estimó una demanda de amparo dirigida por el letrado D. Javier Reguera Gómez, titular del despacho, por entender que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de un recluso al que se le impuso una sanción por el contenido de dos escritos de queja dirigidos a las autoridades penitenciarias.

Procedemos a emitir un resumen del proceso y de la sentencia.

 

Resumen de los antecedentes

El recurrente, interno en el centro penitenciario de Murcia II, mediante un escrito cuyo destinatario era el Ministerio del Interior, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y la Inspección Penitenciaria, solicitaba la apertura de un expediente administrativo para que se depurasen las responsabilidades oportunas porque no se le habían hecho llegar requerimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Un mes más tarde redactó otro escrito, dirigido al mismo destinatario, en el cual consideraba que se había producido la nulidad en la formación de la comisión disciplinaria y en la tramitación de un expediente disciplinario contra él.

Ambos escritos fueron sellados en el módulo del centro penitenciario y fueron leídos e intervenidos por el subdirector de seguridad, el cual remitió al director del centro un parte por cada escrito con el siguiente contenido:

«Se informa del contenido del escrito remitido por el interno Calzada Carrilero, Andrés a la secretaría general de instituciones penitenciarias de fecha 21 de diciembre de 2017 en el que se acusa a “los secuaces de la secretaria de impedir su acceso a su derecho a asistencia jurídica gratuita”, a su vez califica de “absurda contestación” la emitida por la Subdirección General de Inspección Penitenciaria ante su queja y acusa de “sabotear procedimientos administrativos” a la administración penitenciaria. Se adjunta documento remitido al servicio de inspección por el interno» [sic].

«Se informa del contenido del escrito remitido por el interno Calzada Carrilero, Andrés a la secretaría general de instituciones penitenciarias de fecha 21 de enero de 2018 [en lugar de 18 de enero de 2018] en el que se define a funcionarios como “individuos”, añade que el trámite de alegaciones a la comisión disciplinaria es un trámite “inquisitorio” y califica a los directores de centros penitenciarios como “simples” y de aplicar la normativa en vigor de forma arbitraria. Se adjunta documento remitido al servicio de inspección por el interno» [sic].

Como consecuencia de dichos partes se acordó por el director del establecimiento penitenciario iniciar procedimiento sancionador nombrando funcionario instructor y que terminó con un acuerdo sancionador, de fecha 8 de febrero de 2018, dictado por la Comisión Disciplinaria del C.P de Murcia II, en el expediente disciplinario 86/2018-3004, que impuso la sanción de “privación de paseos y actos recreativos comunes”, durante el plazo de 30 días, según artículo 190. A del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo y, por consiguiente, se calificaban los hechos relatados en dicha resolución como constitutivos de una FALTA GRAVE por “calumniar/injuriar insultar/faltar gravemente al respeto y consideración grave”.

El interno formuló recurso de alzada ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Murcia que mediante Auto, de fecha 20 de marzo de 2018, acordó estimar parcialmente el recurso de alzada, reduciendo la sanción impuesta a la de “Privación de paseos y actos recreativos comunes durante 3 días”.

Se interpuesto recurso de reforma contra el auto anterior pero fue desestimado.

 

Interposición de recurso de amparo

En fecha 5 de diciembre de 2018 el recurrente presenta demanda de amparo ante el TC, bajo la  dirección letrada de D. Francisco Javier Reguera Gómez, por considerar que las resoluciones impugnadas vulneran “el derecho a la libertad de expresión y el derecho al secreto de las comunicaciones en relación en relación con el derecho a un proceso con las debidas garantías y a la presunción de inocencia, previstos en los artículos 20.1, 18.3 y 24.2 de la Constitución Española”.

En resumen, la argumentación del recurso de amparo era la siguiente:

a) En relación con la lesión del derecho a la libertad de expresión, el demandante con cita de las SSTC 6/1981, de 16 de marzo, 12/1982, de 31 de marzo, y 177/2015 de 22 de julio se refiere a que la libertad de crítica es una manifestación de la libertad de expresión, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige y que eso es lo sucedido en el presente caso, pues el recurrente formula una crítica general, en el uso de su libertad de expresión, a una conducta errónea o negligente del centro penitenciario donde se encontraba. Debe tomarse en consideración que el contenido de los escritos criticaban la labor del centro en relación a unas comunicaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Añade finalmente que las palabras utilizadas por el recurrente pueden ser de mal gusto, pero que no están personalizadas ni dirigidas a cargo alguno, sino que expresan el malestar de un interno sobre una anomalía funcional que le afecta y que nunca debieron ser constitutivas de una sanción penitenciaria, censurando la libertad de expresión del recurrente.

b) Por otra parte considera que se ha producido una vulneración del secreto de las comunicaciones, por la lectura e intervención por el subdirector de seguridad del centro penitenciario de los escritos que dirigía al servicio de inspección de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Dicha vulneración habría ocasionado la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la presunción de inocencia ya que las pruebas que sustentan la infracción fueron obtenidas violando el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.”

 

Admisión de recurso de amparo por afectar el recurso a un derecho fundamental sobre el que no existe doctrina

Mediante Providencia, de fecha 11 de marzo de 2019, se dictó providencia por la Excma. Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, porque el recurso afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina.

 

Estimación de amparo por vulneración del derecho a la libertad de expresión (art.20.1 a) C.E)

Mediante Sentencia 18/2020, de 10 de febrero de 2020, publicado en el BOE de fecha 9 de marzo del corriente año, se estimó la demanda de amparo y se declaró la vulneración del derecho a la libertad de expresión del recurrente y la nulidad de los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciara de Murcia, así como el acuerdo sancionador del que traían causa.

Para llegar a emitir el fallo el Excmo. Tribunal Constitucional razona, en síntesis de su argumentación, que las resoluciones judiciales y el acuerdo sancionador han desconocido el rigor con el que se deben ponderar los límites a los que está sometida la libertad de expresión, en casos como el presente, en los que aparecen tutelados con sanción los intereses con los que el ejercicio de la referida libertad ha colisionado. Dicha exigencia en la ponderación viene impuesta también por la necesidad- desconocida por la administración y el órgano judicial-, de evitar que el contenido de la libertad de expresión se desnaturalice y, pueda producirse un efecto disuasorio en su ejercicio, sobre el sancionado y sobre el conjunto de la población reclusa en orden a la formulación de quejas.

Asimismo, entiende el más alto intérprete constitucional que las expresiones vertidas, que dieron lugar a la sanción, dada su “significación, el contexto, la forma  y la finalidad en que se utilizaron, y el órgano al que se dirigían, que era el que tenía el deber de verificar la realidad de las graves irregularidades denunciadas, merece censura jurídica alguna”

Además le merece una seria desaprobación al Excmo. Tribunal “la reacción de quienes teniendo el deber de garantizar los derechos de los internos, así como de investigar la realidad de los graves excesos denunciados, desconocieran el derecho a la libertad de expresión del recurrente, la finalidad de la pena y del régimen disciplinario, desalentando al demandante de amparo y por extensión al resto de los internos en el ejercicio de su derecho a formular quejas y poniendo en peligro el imperativo de todo Estado de Derecho por el que la justicia no se debe detener en la puerta de las prisiones (STEDH de 28 de junio de 1984, asunto Campbell y Fell)”.

En suma, la conducta del recurrente se desarrolló dentro del ejercicio de la libertad de expresión y por ello la sanción que se impuso fue constitucionalmente ilegítima.

Condena por violencia contra la ex-pareja

Condena por violencia contra la ex-pareja

El pasado mes de diciembre conseguimos la condena de un hombre por dos delitos de maltrato en el ámbito de la Violencia de Genero(153.1 y 3 del Código Penal) y cuya víctima confió en nosotros durante todo el proceso para defender sus intereses y hacer justicia por los hechos que tuvo que soportar. Desde un primer momento se sintió en buenas manos, adoptándose una orden de protección que se ha mantenido durante todo el proceso y que seguirá vigente después de la Sentencia.

10.02.2020 GUIA Derechos Mujeres Victima de Violencia de Género

Admisión a trámite Demanda de Amparo. Tribunal Constitucional

Admisión a trámite Demanda de Amparo. Tribunal Constitucional

Traspasar el filtro de la admisión a trámite de una demanda de amparo es ciertamente difícil. Para demostrarlo nada más basta señalar que durante el año 2018 se presentaron 6918 recurso de amparo ante el Excmo. Tribunal Constitucional y se admitieron a trámite 115. Es decir, sólo pasaron la primera fase un 1,66% de los recursos que se presentaron.

Ante este escenario, nos sentimos orgullosos de informar que a finales del año 2019, mediante resolución de fecha once de noviembre de 2019(recurso 3185/2018), se acordó la admisión a trámite de un recurso de amparo presentado por el despacho ante el Tribunal Constitucional dado que concurrió «en el mismo una especial transcendencia constitucional(art.50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal(STC 155/2009, FJ 2, a)». 

«Alea jacta est»

Ley Orgánica Tribunal Constitucional

 

Absolución por delito de atentado

Absolución por delito de atentado

Se solicitaba por el Ministerio Fiscal la imposición de una pena de 4 años de prisión y se consiguió la absolución de nuestro defendido en relación con un delito de atentado. Como se puede observar del contenido de la sentencia hicimos ver al Magistrado-Juez  que nuestro cliente tenía razón. Para ello fue importante efectuar un incisivo interrogatorio a los agentes de policía y poner de manifiesto que no existía prueba objetiva alguna de que fuera nuestro representado el que condujese el vehículo. Además, nos preocupamos en visitar días antes del juicio la calle donde supuestamente se produjeron los hechos y observamos que la vía era de un sólo sentido, no muy grande. Por consiguiente, no existía otra opción para abandonar el lugar. De ahí que se recoja en la sentencia la duda » de que la verdadera intención del conductor fuera no tanto la de huir del control como la de atropellar al agente». En resumen, él no fue pero aunque hubiera sido no hubiera cometido el delito de atentado. 

07.01.2020 Sentencia Absolutoria Atentado

Artículo 550 del Código Penal:

«1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.»

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