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Sobreseimiento y archivo de una causa por delito de quebrantamiento de orden de protección (nuestro cliente gana)

delito de quebrantamiento

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Sobreseimiento y archivo de una causa por delito de quebrantamiento de orden de protección (nuestro cliente gana)

Formulamos recurso de reforma, en defensa de los intereses de nuestro cliente, contra el Auto de Transformación y en el mismo exponíamos que los hechos investigados, incluso según lo entendía la fiscalía, no podrían ser constitutivos de delito penal. 

Y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, mediante un auto de hace unos días, acogió íntegramente nuestros motivos y acordó el sobreseimiento libre de la causa. 

Nuestro cliente, salvo recurso de la fiscalía, tiene un pie y medio fuera del proceso. 

Estimación de recurso de amparo por el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho por libertad de expresión

demanda de amparo

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Estimación de recurso de amparo por el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho por libertad de expresión

El pasado día 9 de marzo se publicó en el BOE la sentencia del Tribunal Constitucional con nº 18/2020, de fecha 10 de febrero, que estimó una demanda de amparo dirigida por el letrado D. Javier Reguera Gómez, titular del despacho, por entender que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de un recluso al que se le impuso una sanción por el contenido de dos escritos de queja dirigidos a las autoridades penitenciarias.

Procedemos a emitir un resumen del proceso y de la sentencia.

 

Resumen de los antecedentes

El recurrente, interno en el centro penitenciario de Murcia II, mediante un escrito cuyo destinatario era el Ministerio del Interior, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y la Inspección Penitenciaria, solicitaba la apertura de un expediente administrativo para que se depurasen las responsabilidades oportunas porque no se le habían hecho llegar requerimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Un mes más tarde redactó otro escrito, dirigido al mismo destinatario, en el cual consideraba que se había producido la nulidad en la formación de la comisión disciplinaria y en la tramitación de un expediente disciplinario contra él.

Ambos escritos fueron sellados en el módulo del centro penitenciario y fueron leídos e intervenidos por el subdirector de seguridad, el cual remitió al director del centro un parte por cada escrito con el siguiente contenido:

«Se informa del contenido del escrito remitido por el interno Calzada Carrilero, Andrés a la secretaría general de instituciones penitenciarias de fecha 21 de diciembre de 2017 en el que se acusa a “los secuaces de la secretaria de impedir su acceso a su derecho a asistencia jurídica gratuita”, a su vez califica de “absurda contestación” la emitida por la Subdirección General de Inspección Penitenciaria ante su queja y acusa de “sabotear procedimientos administrativos” a la administración penitenciaria. Se adjunta documento remitido al servicio de inspección por el interno» [sic].

«Se informa del contenido del escrito remitido por el interno Calzada Carrilero, Andrés a la secretaría general de instituciones penitenciarias de fecha 21 de enero de 2018 [en lugar de 18 de enero de 2018] en el que se define a funcionarios como “individuos”, añade que el trámite de alegaciones a la comisión disciplinaria es un trámite “inquisitorio” y califica a los directores de centros penitenciarios como “simples” y de aplicar la normativa en vigor de forma arbitraria. Se adjunta documento remitido al servicio de inspección por el interno» [sic].

Como consecuencia de dichos partes se acordó por el director del establecimiento penitenciario iniciar procedimiento sancionador nombrando funcionario instructor y que terminó con un acuerdo sancionador, de fecha 8 de febrero de 2018, dictado por la Comisión Disciplinaria del C.P de Murcia II, en el expediente disciplinario 86/2018-3004, que impuso la sanción de “privación de paseos y actos recreativos comunes”, durante el plazo de 30 días, según artículo 190. A del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo y, por consiguiente, se calificaban los hechos relatados en dicha resolución como constitutivos de una FALTA GRAVE por “calumniar/injuriar insultar/faltar gravemente al respeto y consideración grave”.

El interno formuló recurso de alzada ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Murcia que mediante Auto, de fecha 20 de marzo de 2018, acordó estimar parcialmente el recurso de alzada, reduciendo la sanción impuesta a la de “Privación de paseos y actos recreativos comunes durante 3 días”.

Se interpuesto recurso de reforma contra el auto anterior pero fue desestimado.

 

Interposición de recurso de amparo

En fecha 5 de diciembre de 2018 el recurrente presenta demanda de amparo ante el TC, bajo la  dirección letrada de D. Francisco Javier Reguera Gómez, por considerar que las resoluciones impugnadas vulneran “el derecho a la libertad de expresión y el derecho al secreto de las comunicaciones en relación en relación con el derecho a un proceso con las debidas garantías y a la presunción de inocencia, previstos en los artículos 20.1, 18.3 y 24.2 de la Constitución Española”.

En resumen, la argumentación del recurso de amparo era la siguiente:

a) En relación con la lesión del derecho a la libertad de expresión, el demandante con cita de las SSTC 6/1981, de 16 de marzo, 12/1982, de 31 de marzo, y 177/2015 de 22 de julio se refiere a que la libertad de crítica es una manifestación de la libertad de expresión, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige y que eso es lo sucedido en el presente caso, pues el recurrente formula una crítica general, en el uso de su libertad de expresión, a una conducta errónea o negligente del centro penitenciario donde se encontraba. Debe tomarse en consideración que el contenido de los escritos criticaban la labor del centro en relación a unas comunicaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Añade finalmente que las palabras utilizadas por el recurrente pueden ser de mal gusto, pero que no están personalizadas ni dirigidas a cargo alguno, sino que expresan el malestar de un interno sobre una anomalía funcional que le afecta y que nunca debieron ser constitutivas de una sanción penitenciaria, censurando la libertad de expresión del recurrente.

b) Por otra parte considera que se ha producido una vulneración del secreto de las comunicaciones, por la lectura e intervención por el subdirector de seguridad del centro penitenciario de los escritos que dirigía al servicio de inspección de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Dicha vulneración habría ocasionado la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la presunción de inocencia ya que las pruebas que sustentan la infracción fueron obtenidas violando el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.”

 

Admisión de recurso de amparo por afectar el recurso a un derecho fundamental sobre el que no existe doctrina

Mediante Providencia, de fecha 11 de marzo de 2019, se dictó providencia por la Excma. Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, porque el recurso afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina.

 

Estimación de amparo por vulneración del derecho a la libertad de expresión (art.20.1 a) C.E)

Mediante Sentencia 18/2020, de 10 de febrero de 2020, publicado en el BOE de fecha 9 de marzo del corriente año, se estimó la demanda de amparo y se declaró la vulneración del derecho a la libertad de expresión del recurrente y la nulidad de los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciara de Murcia, así como el acuerdo sancionador del que traían causa.

Para llegar a emitir el fallo el Excmo. Tribunal Constitucional razona, en síntesis de su argumentación, que las resoluciones judiciales y el acuerdo sancionador han desconocido el rigor con el que se deben ponderar los límites a los que está sometida la libertad de expresión, en casos como el presente, en los que aparecen tutelados con sanción los intereses con los que el ejercicio de la referida libertad ha colisionado. Dicha exigencia en la ponderación viene impuesta también por la necesidad- desconocida por la administración y el órgano judicial-, de evitar que el contenido de la libertad de expresión se desnaturalice y, pueda producirse un efecto disuasorio en su ejercicio, sobre el sancionado y sobre el conjunto de la población reclusa en orden a la formulación de quejas.

Asimismo, entiende el más alto intérprete constitucional que las expresiones vertidas, que dieron lugar a la sanción, dada su “significación, el contexto, la forma  y la finalidad en que se utilizaron, y el órgano al que se dirigían, que era el que tenía el deber de verificar la realidad de las graves irregularidades denunciadas, merece censura jurídica alguna”

Además le merece una seria desaprobación al Excmo. Tribunal “la reacción de quienes teniendo el deber de garantizar los derechos de los internos, así como de investigar la realidad de los graves excesos denunciados, desconocieran el derecho a la libertad de expresión del recurrente, la finalidad de la pena y del régimen disciplinario, desalentando al demandante de amparo y por extensión al resto de los internos en el ejercicio de su derecho a formular quejas y poniendo en peligro el imperativo de todo Estado de Derecho por el que la justicia no se debe detener en la puerta de las prisiones (STEDH de 28 de junio de 1984, asunto Campbell y Fell)”.

En suma, la conducta del recurrente se desarrolló dentro del ejercicio de la libertad de expresión y por ello la sanción que se impuso fue constitucionalmente ilegítima.

Condena por violencia contra la ex-pareja

Condena por violencia contra la ex-pareja

El pasado mes de diciembre conseguimos la condena de un hombre por dos delitos de maltrato en el ámbito de la Violencia de Genero(153.1 y 3 del Código Penal) y cuya víctima confió en nosotros durante todo el proceso para defender sus intereses y hacer justicia por los hechos que tuvo que soportar. Desde un primer momento se sintió en buenas manos, adoptándose una orden de protección que se ha mantenido durante todo el proceso y que seguirá vigente después de la Sentencia.

10.02.2020 GUIA Derechos Mujeres Victima de Violencia de Género

Admisión a trámite Demanda de Amparo. Tribunal Constitucional

Admisión a trámite Demanda de Amparo. Tribunal Constitucional

Traspasar el filtro de la admisión a trámite de una demanda de amparo es ciertamente difícil. Para demostrarlo nada más basta señalar que durante el año 2018 se presentaron 6918 recurso de amparo ante el Excmo. Tribunal Constitucional y se admitieron a trámite 115. Es decir, sólo pasaron la primera fase un 1,66% de los recursos que se presentaron.

Ante este escenario, nos sentimos orgullosos de informar que a finales del año 2019, mediante resolución de fecha once de noviembre de 2019(recurso 3185/2018), se acordó la admisión a trámite de un recurso de amparo presentado por el despacho ante el Tribunal Constitucional dado que concurrió «en el mismo una especial transcendencia constitucional(art.50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal(STC 155/2009, FJ 2, a)». 

«Alea jacta est»

Ley Orgánica Tribunal Constitucional

 

Absolución por delito de atentado

Absolución por delito de atentado

Se solicitaba por el Ministerio Fiscal la imposición de una pena de 4 años de prisión y se consiguió la absolución de nuestro defendido en relación con un delito de atentado. Como se puede observar del contenido de la sentencia hicimos ver al Magistrado-Juez  que nuestro cliente tenía razón. Para ello fue importante efectuar un incisivo interrogatorio a los agentes de policía y poner de manifiesto que no existía prueba objetiva alguna de que fuera nuestro representado el que condujese el vehículo. Además, nos preocupamos en visitar días antes del juicio la calle donde supuestamente se produjeron los hechos y observamos que la vía era de un sólo sentido, no muy grande. Por consiguiente, no existía otra opción para abandonar el lugar. De ahí que se recoja en la sentencia la duda » de que la verdadera intención del conductor fuera no tanto la de huir del control como la de atropellar al agente». En resumen, él no fue pero aunque hubiera sido no hubiera cometido el delito de atentado. 

07.01.2020 Sentencia Absolutoria Atentado

Artículo 550 del Código Penal:

«1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.»

Omisión del deber de perseguir delitos

Reguera-equipo

Reguera-equipo

Omisión del deber de perseguir delitos

Nuestro cliente, agente de polícia, fue imputado por un delito de denegación de auxilio y otro de omisión del deber de perseguir el delito el pasado año 2007.

El mencionado proceso se tramitó por el fallecimiento del vigilante de una pista de hielo de Alcalá de Henares (Madrid), en la mañana del 1 de enero de 2007, contra nuestro representado, agente de policía, por los delitos de denegación de auxilio del artículo 412.3 del Código penal y de un delito de omisión del deber de perseguir el delito del artículo 408 del Código Penal.

Tras un juicio de varios días se consiguió su absolución, que fue ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Delito de apropiación indebida

Delito de apropiación indebida

Después de casi siete años de procedimiento, de una larga instrucción, y de tener, en primer lugar, la espada de la acusación sobre su cabeza, que solicitaba la imposición de una pena de 4 años y 6 meses de prisión, y, posteriormente, el fallo de la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid que la condenaba por un delito continuado de apropiación indebida a la pena de un año y nueve meses de prisión, multa de cuatro meses y quince días, con cuota diaria de 2 euros y a indemnizar con la suma de 35.639,59 €, intereses y costas procesales, presentamos Recurso de Casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que fue estimado, por unanimidad, mediante Sentencia de fecha 30 de abril de 2012 que declaró haber lugar al Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, formulado por el letrado D. Javier Reguera Gómez, casando y anulando el fallo de la primera resolución que la condenaba y dictando una segunda Sentencia que “ Absuelve a la acusada(…) del delito continuado de apropiación indebida del que fue acusada por la acusación particular, declarándose de oficio las costas y dejándose sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieren adoptado con relación a la acusada”.

Del contenido de la Sentencia se desprende que la estimación del recurso es consecuencia de que una vez fallecido el titular de una serie de cuentas corrientes, que, a su vez, era pareja de hecho de la acusada desde quince años atrás, se extinguió la autorización que tenía nuestra representada para disponer de dichas cuentas, “por lo que al disponer, producido el fallecimiento, ya no podría hablarse de existencia de deposíto, comisión o administración u otro título que produzca obligación de devolver o entregar lo que se hubiera apropiado una vez recibido legítimamente, presupuestos que según el artículo 252 del Código Penal son precisos para apreciar un delito de apropiación indebida”.

En este sentido, hay que remarcar que la hoy absuelta, al mismo tiempo que mantenía una duradera relación con el fallecido, se encargaba de la administración de un despacho jurídico, titularidad de su pareja, que debía continuar sin él, hasta su liquidación o transmisión, y que continuó haciendo uso de las cuentas (…) para realizar pagos del despacho, “por lo que no sería de descartar, en tales disposiciones, la aplicación del artículo 1718” del Código Civil que establece que el mandatario( la acusada) debe acabar el negocio que ya estuviera comenzado al morir el mandante( su pareja), si hubiera peligro en la tardanza.

Por tanto, entendemos que la estimación de nuestro recurso de casación fue justa, impecable y con el mejor de los resultados.

Delito de falsedad documental

Delito de falsedad documental

El Ministerio Fiscal entre los años 2000 y 2001 formuló tres querellas criminales contra nuestro cliento y otros.

Los presuntos hechos base de las acciones penales planteadas se centraban en la supuesta participación de nuestro defendido, en calidad de funcionario de la comisión europea, en tres supuestas tramas para la concesión de subvenciones europeas y que, según decía el Ministerio Fiscal, produjo un perjuicio para las arcas de la Unión Europea de más de tres millones de euros.

La instrucción de los procesos se llevó a efecto en tres Juzgados diferentes, consiguiendo el sobreseimiento y archivo en dos de ellos. Sin embargo, el Ministerio Fiscal lo acusó en el último proceso, a diferencia de la absolución que solicitábamos nosotros, por la comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, previsto en los artículos 390.1.4 y 74 del Código Penal, en concurso con un delito de fraude a los presupuestos de las Comunidades Europeas del artículo 309, solicitando una pena de cuatro años de prisión.

En el juicio oral celebrado en el año 2013 ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, el Ministerio Fiscal procedió, a la vista de la prueba practicada, a retirar la acusación inicialmente formulada y, por ello, se dictó Sentencia posteriormente que absolvía “a G.R, de los delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y de fraude a los presupuestos de las Comunidades Europeas”.

Con el último fallo, a pesar de los más de trece años que han tenido que transcurrir desde la interposición de la primera querella criminal nuestro cliente quedo libre de toda sospecha al demostrarse, en tres procesos, que ejerció sus funciones conforme a la legalidad.

Delito contra la Administración Pública

Delito contra la Administración Pública

Nuestro cliente, funcionario interino y personal de la Administración, fue imputado en el año 2014 por un delito de cohecho e iba a ser juzgado por un Tribunal del Jurado.

Si bien a nuestro representado se le imputaba un delito de cohecho, presentamos un Recurso de Apelación, al final de la fase de instrucción, en el que solicitábamos el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por considerar que los hechos que se estaban investigando no eran, en ningún caso, constitutivos de delito.

Como consecuencia de dicho recurso se acordó por la Audiencia Provincial de Toledo la estimación total del mismo y se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.

Por tanto, nuestro representado no llegó a ir a juicio.

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