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     La Sentencia 101/2012, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, absuelve al Magistrado D. Baltasar Garzón Real del delito de prevaricación al entender que la conducta desplegada por el acusado tiene su base en una erronea aplicación del derecho y no en el dictado de una resolución objetivamente insostenible y alejada del principio de legalidad, señalando, más en concreto, que el auto dictado por el acusado de fecha 16 de octubre de 2008 “contiene algunas argumentaciones erroneas; sobre las normas aplicables a los hechos, particularmente en lo referente a la incoación del proceso y a la asunción de competencia, que entra en colisión con las normas y la interpretación de la misma que consideramos procedente. Colisiona tambien con la Ley de amnistía de 1977 y los preceptos reguladores de la prescripción, con la determinación de los posibles imputados y con la subsunción de los hechos en la norma penal que aplica”.    En este sentido y a través de un profundo analisis de las resoluciones objeto del proceso y de sus errores, la Sala Segunda entiende que la interpretación que realizó el Magistrado, si bien adolecía de fallos, no era irracional o arbitaria, poniendo como ejemplo el

La Sección Seg…

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid en resolución, de fecha 3 de octubre de 2011, estimó recurso de apelación contra Sentencia dictada, en el seno de un juicio de faltas, y, por tanto, revocó la misma por haberse vulnerando, principalmente, el derecho constitucional a la defensa y a la asistencia letrada, ocasionando una efectiva y real indefensión. La base fáctica de la que se deduce la infracción es clara puesto que se celebró el correspondiente juicio de faltas ante el Juzgado de Instrucción sin permitir al letrado, designado por el turno de oficio, intervenir en el mismo so pretexto de que la persona denunciada, a la que representaba, no había acudido al acto del juicio. De esta forma, se produjo una evidente infracción de las normas procesales al no proceder a suspender el acto del juicio ni permitir la intervención del letrado del denunciado, que no pudo proponer prueba, actuar en su práctica, ni valorar su resultado.  

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