Casos reales

Casos de éxito

Nuestra experiencia está avalada por numerosas sentencias favorables conseguidas tanto en primera instancia como tras la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Delito contra la Administración Pública

Un funcionario
interino de la Administración es imputado por un delito de cohecho.

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Delito de falsedad documental

Un funcionario de la Comisión Europea acusado de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

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Delito de apropiación indebida

El acusado es absuelto por el Tribunal Supremo de un delito continuado de apropiación indebida.

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 Omisión del deber de perseguir delitos

Al acusado se le imputaban delitos de omisión del deber de perseguir el delito y denegación de auxilio.

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Delito contra la Administración Pública

088_reguera-abogados-penalisatsNuestro cliente, funcionario interino y personal de la Administración, fue imputado el pasado año 2014 por un delito de cohecho e iba a ser juzgado por un Tribunal del Juradoo.

Si bien a nuestro representado se le imputaba un delito de cohecho, presentamos un Recurso de Apelación, al final de la fase de instrucción, en el que solicitábamos el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por considerar que los hechos que se estaban investigando no eran, en ningún caso, constitutivos de delito.

Como consecuencia de dicho recurso se acordó por la Audiencia Provincial de Toledo la estimación total del mismo y se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.

Por tanto, nuestro representado no llegó a ir a juicio.

Delito de falsedad documental

El Ministerio Fiscal entre los años 2000 y 2001 formuló tres querellas criminales contra nuestro cliento y otros.

Los presuntos hechos base de las acciones penales planteadas se centraban en la supuesta participación de nuestro defendido, en calidad de funcionario de la comisión europea, en tres supuestas tramas para la concesión de subvenciones europeas y que, según decía el Ministerio Fiscal, produjo un perjuicio para las arcas de la Unión Europea de más de tres millones de euros.

La instrucción de los procesos se llevó a efecto en tres Juzgados diferentes, consiguiendo el sobreseimiento y archivo en dos de ellos. Sin embargo, el Ministerio Fiscal lo acusó en el último proceso, a diferencia de la absolución que solicitábamos nosotros, por la comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, previsto en los artículos 390.1.4 y 74 del Código Penal, en concurso con un delito de fraude a los presupuestos de las Comunidades Europeas del artículo 309, solicitando una pena de cuatro años de prisión.

En el juicio oral celebrado en el año 2013 ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, el Ministerio Fiscal procedió, a la vista de la prueba practicada, a retirar la acusación inicialmente formulada y, por ello, se dictó Sentencia posteriormente que absolvía “a G.R, de los delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y de fraude a los presupuestos de las Comunidades Europeas”.

Con el último fallo, a pesar de los más de trece años que han tenido que transcurrir desde la interposición de la primera querella criminal nuestro cliente quedo libre de toda sospecha al demostrarse, en tres procesos, que ejerció sus funciones conforme a la legalidad.

Delito de apropiación indebida

Después de casi siete años de procedimiento, de una larga instrucción, y de tener, en primer lugar, la espada de la acusación sobre su cabeza, que solicitaba la imposición de una pena de 4 años y 6 meses de prisión, y, posteriormente, el fallo de la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid que la condenaba por un delito continuado de apropiación indebida a la pena de un año y nueve meses de prisión, multa de cuatro meses y quince días, con cuota diaria de 2 euros y a indemnizar con la suma de 35.639,59 €, intereses y costas procesales, presentamos Recurso de Casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que fue estimado, por unanimidad, mediante Sentencia de fecha 30 de abril de 2012 que declaró haber lugar al Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, formulado por el letrado D. Javier Reguera Gómez, casando y anulando el fallo de la primera resolución que la condenaba y dictando una segunda Sentencia que “ Absuelve a la acusada(…) del delito continuado de apropiación indebida del que fue acusada por la acusación particular, declarándose de oficio las costas y dejándose sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieren adoptado con relación a la acusada”.

Del contenido de la Sentencia se desprende que la estimación del recurso es consecuencia de que una vez fallecido el titular de una serie de cuentas corrientes, que, a su vez, era pareja de hecho de la acusada desde quince años atrás, se extinguió la autorización que tenía nuestra representada para disponer de dichas cuentas, “por lo que al disponer, producido el fallecimiento, ya no podría hablarse de existencia de deposíto, comisión o administración u otro título que produzca obligación de devolver o entregar lo que se hubiera apropiado una vez recibido legítimamente, presupuestos que según el artículo 252 del Código Penal son precisos para apreciar un delito de apropiación indebida”.

En este sentido, hay que remarcar que la hoy absuelta, al mismo tiempo que mantenía una duradera relación con el fallecido, se encargaba de la administración de un despacho jurídico, titularidad de su pareja, que debía continuar sin él, hasta su liquidación o transmisión, y que continuó haciendo uso de las cuentas (…) para realizar pagos del despacho, “por lo que no sería de descartar, en tales disposiciones, la aplicación del artículo 1718” del Código Civil que establece que el mandatario( la acusada) debe acabar el negocio que ya estuviera comenzado al morir el mandante( su pareja), si hubiera peligro en la tardanza.

Por tanto, entendemos que la estimación de nuestro recurso de casación fue justa, impecable y con el mejor de los resultados.

Omisión del deber de perseguir delitos

001_reguera-abogadosNuestro cliente, agente de polícia, fue imputado por un delito de denegación de auxilio y otro de omisión del deber de perseguir el delito el pasado año 2007.

El mencionado proceso se tramitó por el fallecimiento del vigilante de una pista de hielo de Alcalá de Henares (Madrid), en la mañana del 1 de enero de 2007, contra nuestro representado, agente de policía, por los delitos de denegación de auxilio del artículo 412.3 del Código penal y de un delito de omisión del deber de perseguir el delito del artículo 408 del Código Penal.

Tras un juicio de varios días se consiguió su absolución, que fue ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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